El fiscal pide la prisión inmediata para Oriol Pujol Ferrusola

La Fiscalía ha pedido hoy el ingreso "inmediato" en prisión de Oriol Pujol Ferrusola, exdiputado de CiU en el Parlament e hijo del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol, para cumplir su condena de dos años y medio de cárcel por cobrar comisiones y usar su influencia política en favor de empresarios en el caso de las ITV.

El ministerio público considera que con su ingreso en la cárcel se cumplirá la "función reeducadora" de la pena y dada la "naturaleza y gravedad" de los hechos por los que fue condenado en julio pasado.

La corrupción, "una lacra"

La Fiscalía especial contra la corrupción rechaza de esta forma la petición planteada por Pujol para que se suspenda su entrada en prisión apelando a que no tiene antecedentes y las penas a las que fue condenado, por separado, no son superiores a dos años.

En su escrito, el ministerio público sustenta su posición en que Pujol fue condenado por delitos relacionados con la corrupción política y económica, y que luchar contra la corrupción y el fraude es una de las prioridades absolutas porque es "una lacra para la sociedad y un ataque a la estructura democrática de cualquier Estado", por lo que ve más necesaria la ejecución de la condena.

La "confianza" de la población en la ley

La fiscal Teresa Duerto recuerda que ni las circunstancias personales ni la conducta de Oriol Pujol tras la comisión de los hechos "pueden contrarrestrar la finalidad de prevención especial y de prevención general que con el cumplimiento de las penas de prisión impuestas al penado se persigue".

Además, destaca que este tipo de beneficio tiene "naturaleza discrecional" pese a que concurran los requisitos previstos por la ley, y que en este tipo de casos, al tratarse de delitos relacionados con la corrupción, se tiene en cuenta la necesidad de mantener la confianza de la población en el derecho y evitar que se perciba el beneficio como una injustificada indulgencia.

Oriol Pujol, que ha aceptado entrar en la cárcel por el 'caso ITV', en una imagen de archivo / EFE

Las alegaciones de Pujol

Oriol Pujol solicitó no ingresar en prisión debido a que fue condenado por la Audiencia de Barcelona a cinco meses de cárcel por tráfico de influencias, ocho meses de prisión por un delito continuado de cohecho y un año y cinco meses por un delito continuado de falsedad en documento mercantil, ya que cada una de las penas es inferior a dos años.

Alegó que su ingreso en prisión "perjudicaría gravemente" a su entorno familiar y su arraigo laboral y social en plena recomposición, debido a que tiene tres hijos --dos mayores de edad a los que costea los estudios universitarios-- y los pagos de una hipoteca, además de que había reconocido los hechos y ha renunciado a la actividad política y pública.

Entorno familiar

La fiscal, en cambio, ha rechazado estos argumentos porque la esposa de Oriol Pujol tiene estudios superiores y una profesión que le permite encargarse de sus hijos y los gastos familiares, y además de tener una segunda residencia en la Cerdanya (Girona), pertenece a la familia Pujol-Ferrusola "siendo de dominio público que no se trata de una familia con escasos recursos económicos".

Además, argumenta que en modo alguno se puede considerar que con el cumplimiento de las penas de inhabilitación "se repare en su totalidad el daño causado a la sociedad, como tampoco que ello suponga la eliminación del riesgo de reincidencia".

La trama

La sentencia indica que en 2011 el entonces secretario general de la Consejería de Industria Enric Colet nombró a Josep Tous como encargado de solucionar los litigios judiciales suscitados por las concesiones de nuevos lotes de ITV en Cataluña, por una "sugerencia activa" de Pujol, que usó para ello su doble condición de presidente del Grupo Parlamentario de CiU y de secretario general del partido para conseguir el nombramiento.

El interés de designar a Tous en este cargo por parte de Pujol partía de que se lo había pedido su amigo íntimo Sergi Alsina, para que "favoreciese los intereses privados" del empresario de las ITV Ricard Puignou en las negociaciones para diseñar el nuevo plan territorial de las ITV que quería impulsar el Govern.