Mossos en pie de guerra en vísperas de la sentencia del 1-O

Han sido los últimos en enterarse de los cambios en la cúpula de los Mossos d’Esquadra. Y serán los primeros que deberán actuar si la sentencia del Tribunal Supremo sobre el referéndum del 1-O provocan altercados en las calles.

Los agentes de base de la Policía Autonómica están en pie de guerra, tras conocer los detalles de la llamada Operación Minerva, que ayer comenzó con motivo del segundo aniversario del 1-O, y que se intensificará el próximo lunes. Tal es el clima de malestar existente dentro del cuerpo en unos momentos tan delicados, que los sindicatos amenazan con un plante y han impugnado ante el juez el dispositivo habilitado, que minimiza la presencia de los antidisturbios –en el punto de mira del presidente Quim Torra-- para evitar el enfrentamiento con los activistas independentistas.

Toni Castejón, portavoz del Sindicat de Mossos d'Esquadra se pronuncia sobre la falta de recursos del cuerpo

Reunión muy tensa

Los representantes sindicales se reunieron el lunes con la prefectura para conocer los detalles del dispositivo. Minutos antes de entrar en la reunión supieron por los medios de comunicación de la dimisión de Andreu Joan Martínez, hasta ahora director general de la Policía, cargo que ahora asume Pere Ferrer, hombre de perfil político y de máxima confianza del consejero de Interior, Miquel Buch. Fuentes sindicales denuncian a Crónica Global esta “ocultación”, que enmarcan en el “hermetismo que caracteriza a este departamento”, lo que, avisan, ha contribuido a “aumentar la inestabilidad en el cuerpo”.

Miquel Buch (i), consejero catalán de Interior, con Quim Torra, presidente autonómico / EFE

Durante esa reunión, muy tensa, se informó de que la movilización de los efectivos se realizará de forma progresiva, “valorando las situaciones en cada momento del dispositivo”. Las Áreas Regionales de Recursos Operativos (ARRO) –que se encargan de proporcionar efectivos policiales en casos puntuales cuando una comisaría los necesita-- y los antidisturbios de las Brigadas Móviles (BRIMO) asumen en control en las calles. De hecho, ayer se activó el operativo con motivo de la celebración del segundo aniversario del 1 de octubre. Se adjudicó la vigilancia las ARRO.

Coordinación con Policía y Guardia Civil

Para el resto de los días se establecieron seis escenarios posibles, que incluyen, de nuevo, a las ARRO a partir del lunes 7 de octubre, semana en la que está previsto que se haga pública la sentencia del 1-O. En función del grado de inseguridad que se produzca, los mandos podrían suspender los derechos laborales de los agentes –permisos, suspensión de licencias de estudios, ampliación de servicios…--.

“Definidos estos escenarios, cuando se produzca la sentencia del proceso, los Mossos se coordinarán con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, concluyen las instrucciones de la cúpula policial.

No se prevé ningún tipo de compensación económica ni horaria, lo que generó el rechazo generalizado de los sindicatos asistentes.

Recurso ante el juez

La resolución, firmada por Martínez, “no se ajusta a derecho”. De ahí que los servicios jurídicos del Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol) y Uspac hayan presentado un recurso contencioso-administrativo contra lo que consideran “un nivel de exigencia especialmente lesiva de los efectivos destinados a las ARRO”.

“Bajo ninguna circunstancia se puede justificar la resolución del director general en las necesidades del servicio y menos cuando no nos encontramos ante hechos inesperados o imprevistos, conocidos con una antelación inferior a los tres días, ajenos a la planificación, la organización y el funcionamiento de los Mossos d’Esquadra”.

Como se ve, el peso del dispositivo recae en las ARRO, que no disponen de los recursos materiales y humanos que tiene la BRIMO. Sin embargo, la Consejería de Interior quiere minimizar la presencia de los antidisturbios en las protestas de los activistas independentistas. Como se sabe, Torra ha expresado su apoyo a los comités de defensa de la república (CDR), después de que nueve miembros fueran detenidos acusados de preparar supuestamente actos terroristas. Tras conocerse que los antidisturbios utilizarán –“como último recurso”, precisan fuentes sindicales— gas pimienta si la situación se descontrola, el president quiso depurar responsabilidades y pidió la cabeza del jefe de la BRIMO, Xavi Pastor. Los mandos se plantaron y, finalmente, la damnificada fue la directora de comunicación de Interior, Joana Vallès.