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La ministra de Educación, Pilar Alegría, en una sesión plenaria en el Congreso / EUROPA PRESS

El Gobierno desmiente a la Generalitat: la sentencia contra la inmersión es de obligado cumplimiento

La ministra de Educación, Pilar Alegría, admite que se tiene que ejecutar y "no cabe debate"

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La ministra de Educación del Gobierno, Pilar Alegría, ha recalcado que la sentencia que tumba la inmersión lingüística monolingüe obligatoria en catalán, y fija que al menos un 25% de las clases se impartan en castellano en el sistema educativo de Cataluña, es "de obligado cumplimiento" y debe ejecutarse. "No cabe debate", ha zanjado en los pasillos del Congreso.

Las declaraciones de la ministra se producen después de que el conseller de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray, haya asegurado que Alegría le había dado garantías de que el Gobierno no iba a adoptar iniciativas para aplicar la sentencia, hecho que motivó que la oposición exigiera la comparecencia de la dirigente socialista en el Congreso.

"Frente a una sentencia firme no cabe debate"

En declaraciones a los periodistas, Pilar Alegría ha prometido dar "todas las explicaciones" que se soliciten. Y ha afirmado que el Gobierno no tiene ninguna duda de que esa sentencia debe aplicarse, apuntando a la Generalitat.

"Frente a una sentencia firme no cabe debate: es de obligado cumplimiento por parte de cualquier Administración pública. La Generalitat o cualquier ciudadano estamos obligados a cumplir las sentencias firmes", ha recalcado.

Si la Generalitat no actúa, pasa al Abogado del Estado

Fuentes del departamento que dirige Alegría señalaron ayer miércoles que es el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el que tiene que "pedir la ejecución de la sentencia" y "vigilar" su cumplimiento.

No obstante, también apuntaron que transcurridos los plazos legales establecidos, si la Generalitat no cumple la sentencia, el Abogado del Estado, en representación del Ministerio de Educación, podrá intervenir, puesto que fue este ministerio, cuando gobernaba el PP, el que inició el proceso que ha culminado ahora con el reciente rechazo del Tribunal Supremo a admitir el recurso del Govern.