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Lectura de la declaración de 1.800 abogados que apoyan el cumplimiento de las sentencias lingüísticas / LUIS MIGUEL AÑÓN

Más de 1.800 abogados exigen al Govern que cumpla las sentencias lingüísticas

Los letrados apoyan a sus compañeros de la Sección de Derecho Constitucional del ICAB, críticos con el desacato a las resoluciones que defienden el castellano y la protección de los menores

4 min

Más de 1.800 abogados han suscrito una declaracion de apoyo al comunicado de la Sección de Derecho Constitucional del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) aprobado el pasado 20 de diciembre, en que se critica duramente al Govern por negarse a cumplir las sentencias judiciales que flexibilizan la inmersión lingüística e ignorar el acoso a un niño de 5 años en Canet de Mar (Barcelona). Este posicionamiento fue posteriormente denunciado 200 letrados --entre los que se encuentran Gonzalo Boye, Andreu Van den Eynde, Jaume Alonso-Cuevillas y Jordi Pina, defensores de los dirigentes investigados por el referéndum del 1-O-- quienes calificaron el escrito de la Sección como "estrictamente político alineado con las tesis ultranacionalistas españolas".

La abogada Chantal Moll, portavoz de la plataforma creada para apoyar a los letrados constitucionalistas, ha leido una declaración ante la sede del ICAB en el que expresa la preocupación de los 1.800 firmantes "ante las declaraciones del Govern" respecto al no cumplimiento de la sentencia que reconoce el derecho a la escolarización en castellano, como lengua vehicular junto al catalán, y la exigencia de proteger a los menores que así los reclaman.

Recuerdan los letrados que este debate, así como las declaraciones de determinados dirigentes políticos, "tienen repercusion práctica de la abogacia", pues algunos letrados deberán asistir a los ciudadanos que exigen que se cumpla una sentencia "dictada por un tribunal catalán --el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)--, y que es firme porque el Tribunal Supremo rechazó los recursos". Por ello, los miembros de la plataforma creen que es obligación del Govern "dictar medidas para garantizar castellano y catalan" en el sistema educativo. Invocan el artículo 103 de la Constitucion, según el cual "la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho".

Conjunción lingüística

"Recomendamos la lectura de la sentencia a todos catalanes", porque explica el sistema juridico y legal que debe aplicarse en las escuelas. Los abogados subrayan, por ejemplo, que el Estatut prohíbe la segregacion de los alumnos por lengua y avala "la conjuncion linguistica", por lo que, precisan, "no es un derecho subjetivo de los alumnos".

Este modelo conjuncion "es flexible, no tiene que ser simétrico" y según la sentencia del TSJC, corresponde al Govern controlar que se cumple, mientras que los centros escolares "tienen autonomia para hacerlo, en funcion de las necesidades alumnado". Los letrados condenan "toda discriminacion y abuso contra cualquier menor" y piden a los representates politicos "que no difundan mensajes difusos que confunden a la sociedad". Asimismo, solicitan a la Generalitat que facilite el cumplimiento de las normas y "no obligue a las familias a judicializar" sus reivindicaciones.