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Los magistrados que forman parte del Tribunal Supremo, presididos por Manuel Marchena, y los juzgados de espaldas / EFE

Marchena rechaza admitir nuevos vídeos del 1-O

Las defensas de Junqueras y Romeva habían solicitado al Tribunal Supremo la introducción de nuevo material probatorio

27.05.2019 12:01 h.
5 min

Tras la declaración de más de 400 testigos y la comparecencia de una docena de peritos, este lunes ha arrancado la que se prevé como prueba de fuego tanto para las acusaciones como para las defensas de la cúpula del procés: la fase documental, en la que serán proyectados los vídeos sobre los incidentes registrados durante la celebración del referéndum del 1 de octubre de 2017 y en los días previos a la consulta. Los abogados de los 12 acusados que se sientan en el banquillo se aferran con uñas y dientes a las imágenes con las que buscarán poner en entredicho el delito de rebelión que pesa sobre nueve de los procesados.

Esta nueva y esperada fase ha dado inicio con la intervención del presidente del tribunal, Manuel Marchena, que ha dejado claro cómo quiere que se desarrolle la prueba, que prevé alargarse hasta el miércoles y durante la cual el magistrado ha aseverado que debe hacerse especial hincapié “en los documentos que sirvan como prueba de vulneración de derechos fundamentales”.

El presidente también ha dado respuesta a una de las pretensiones de la defensa del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y del exconsejero de Política Exterior Raül Romeva, quien había reclamado la incorporación de nuevos documentos gráficos y que se librasen exhortos al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona para que éste requiriera a los ciudadanos que han comparecido en el juicio como testigos las grabaciones que ellos mismos efectuaron durante las jornadas clave del procés. Marchena ha denegado tal petición y ha aseverado que no se admitirán más pruebas de este calibre.

Sin debate

Y también ha advertido de que no se permitirá ningún tipo de debate sobre lo que acrediten o no las proyecciones: “no se trata de abrir un debate sobre lo que el documento prueba”. Sí ha manifestado que las partes podrán intervenir para impugnar la autenticidad de los documentos o en caso de que estos vulneren derechos fundamentales.

Tras estos avisos previos, la fiscal Consuelo Madrigal ha procedido a enumerar los documentos que considera pertinente que el tribunal tenga en cuenta como prueba de cara a la sentencia, entre ellos varias entrevistas a Forn, la transcripción original de la agenda Moleskine y el documento Enfocats, hallados ambos en la vivienda del exnúmero dos de Junqueras, Josep María Jové, la presentación del referéndum llevada a cabo el 9 de junio de 2017 en el patio de Els Tarongers del Palau de la Generalitat y numerosas facturas emitidas por Presidencia y supuestamente vinculadas con la consulta.

Los 92 folios

Tras la intervención de Madrigal ha dado inicio la de la abogada del Estado Rosa María Seoane en un trámite que ha pedido que se diese por ya reproducido. Marchena, extremadamente garantista en esta nueva fase --"no nos reunimos para dar nada por reproducido, sino para examinar la fuente de la prueba"--, le ha instado, sin embargo, a que diese lectura a todos los documentos en los que apoya su acusación y cuya relación ocupa un total de 92 páginas. La letrada ha comenzado a describir cada uno ellos ante el visible tedio reflejado en el rostro de los acusados y de las partes.

Una vez hayan expuesto su documentación las acusaciones arrancará el turno de las defensas, que dará lugar al visionado de unos vídeos que permitirán dilucidar, junto a las declaraciones de los inculpados y de los centenares de testigos que han desfilado por la Plaza de la Villa de París, si los ciudadanos que participaron en las concentraciones llevadas a cabo en los días previos a la consulta y durante la misma fueron objeto de cargas policiales --episodios a los que los letrados quieren agarrarse a toda costa para acreditar su tesis pacifista-- o si, por el contrario --como sostiene la Fiscalía--, tuvo lugar una escalada de violencia e insurrección cuyas víctimas fueron los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil tras los continuos llamamientos públicos efectuados por los acusados para movilizar a la población a favor del referéndum.

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