La justicia reconoce el marcaje de la ONG del catalán al Govern

Públicas son las relaciones entre Plataforma per la Llengua (PpL)-Col·lectiu L’Esbarzer y el Govern. Hasta el punto de que la autodenominada ONG del catalán, una de las entidades más subvencionadas --4,2 millones de euros durante el procés--, condiciona la política lingüística de la Generalitat. Pero por primera vez, la Justicia ha reconocido esa vinculación, hasta el punto de admitir a esa asociación privada como codemandada junto a la administración catalana.

De la influencia de PpL, defensora del monolingüismo, en la gestión de la Generalitat da cuenta la decisión de exconsejero de Educación, Josep Bargalló, de dar marcha atrás en su proyecto de flexibilizar la inmersión lingüística debido a las presiones de esa entidad. Asimismo, tal como informó Crónica Global, el secretario de Políticas Educativas, Carles Martínez, admitió en un encuentro con representantes del mundo local de la división existente en la consejería sobre el cumplimiento de las sentencias lingüísticas. Una de las vías era aceptar los porcentajes de un 25% en castellano y un 75% en catalán que marca la Justicia “para, de esta manera, garantizar ese porcentaje mayoritario de lengua catalana en todos los centros. Esta postura está apoyada por la Plataforma per la Llengua”, dijo.

Espionaje en los patios escolares

Especialmente polémico fue el estudio que esta ONG del catalán hizo para fiscalizar el idioma que utilizan los alumnos en los patios escolares. En esa ocasión, el Govern se desmarcó de la iniciativa.

Muy activa en la defensa de la inmersión, Plataforma per la Llengua ha recibido subvenciones millonarias por parte de la Generalitat a lo largo del procés, en base a convenios de financiación anuales y plurianuales que suman un total de 4,2 millones. Solo en 2019, los departamentos de Presidencia, Educación, Cultura, Justicia, Trabajo y Empresa otorgaron a la entidad 535.000 euros destinados al fomento de la lengua catalana.

Ahora, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado una vuelta de tuerca en esas conexiones al admitir la personación de Plataforma per la Llengua en la causa abierta a raíz del recurso presentado por la Asociación por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) en relación al trato discriminatorio dado a los alumnos castellano hablantes que se examinan de la Selectividad. También se han personado las Universidades de Barcelona, Girona y Politècnica de Catalunya.

Estrecho ligamen

La AEB no se ha opuesto a su personación en los autos, pero denuncia “el estrecho ligamen existente de los rectores de esas universidades con la defensa de una universidad monolingüe en catalán y el vínculo de la Plataforma per la Llengua-Col·lectiu L’Esbarzer con la Administración catalana con quien tiene firmado un convenio de financiación”.

Ana Losada, presidenta de la AEB, considera que esa vinculación entre PpL y el Govern reconocida judicialmente “es novedosa y no deja de sorprender que una entidad que defiende el supremacismo lingüístico se persone como parte interesada”. El TSJC ha dado la razón a AEB y ha resuelto que los examinadores no podrán repartir las pruebas en catalán y preguntar luego a los alumnos si las quieren en castellano, sino que deberán entregar un único ejemplar con los idiomas oficiales. De esta forma, se evitan señalamientos.

Losada cree que “Plataforma nos considera un peligro y el Govern da los últimos coletazos y actúan a la desesperada”. Plataforma per la Llengua, según sus estatutos, pretende conseguir que el catalán sea la lengua común, de cohesión social y de interrelación entre todas las personas del ámbito lingüístico catalán.