El Govern cree una “barbaridad” el 25% de castellano en colegios y prepara una ley para ganar tiempo

Se barajan dos soluciones. Por un lado, aplicar ese 25% para garantizar el 75% restante en catalán, una opción que la influyente Plataforma per la Llengua ve con buenos ojos. Por otro, elaborar una ley que permitiría al departamento ganar tres o cuatro años hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie ya que, según los partidarios de esta medida, aplicar porcentajes es “una barbaridad pedagógica”.

División entre partidarios de aplicar el porcentaje fijado por la justicia y quienes prefieren esperar a que se pronuncie el Constitucional / CG

Reunión entre la consejería y el mundo local

Las dos últimas sentencias que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó el pasado 2 de enero, pero que se dieron a conocer dos meses después, fueron incluidas en el orden del día de una reunión que altos cargos de la Consejería de Educación mantuvieron con representantes del mundo local. Durante la misma, el secretario de Políticas Educativas, Carles Martínez, explicó que los dos fallos judiciales, que tumbaron los proyectos lingüísticos de un colegio de Abrera y otro de Barcelona, elevaban a 35 el número de centros “afectados por el 25%” de los 4.000 existentes en Cataluña.

Sin embargo, recordaba Martínez que, en diciembre pasado, el TSJC ya dictó otra sentencia “que obliga a todos los centros a aplicar un mínimo del 25% en castellano” en las clases. Algo que la Generalitat recurrió ante el Tribunal Supremo, aunque “es probable que el recurso sea rechazado, la sentencia pasaría a ser firme y entonces se debería aplicar el 25% de forma inmediata”.

"Actuar en tres o cuatro meses"

Según el alto cargo del departamento, este tema “es muy importante y preocupa, ya que se debería actuar en los próximos tres o cuatro meses”. Ante esa situación, la consejería plantea dos posturas. Por un lado, aceptar los porcentajes de un 25% en castellano y un 75% en catalán para, de esta manera, garantizar ese porcentaje mayoritario de lengua catalana en todos los centros.

“Esta postura está apoyada por la Plataforma per la Llengua”, explicó Martínez, en referencia a la autodenominada ONG del catalán, entidad subvencionada por el Govern que predica el monolingüismo y conocida por fomentar la delación de comercios y empresas que no rotulan o etiquetan en catalán. Plataforma per la Llengua es la autora de un informe sobre los usos lingüísticos de los alumnos en el patio escolar, hecho que provocó una gran polémica. Muy afín a Carles Puigdemont, la entidad abrió una delegación en Bélgica.

La otra vía que estudia la consejería es “no entrar en los porcentajes, pues es una barbaridad desde el punto de vista pedagógico”, y proponer la elaboración de una nueva ley. “Aquí tendríamos un recorrido de unos tres o cuatro años más hasta la sentencia de Tribunal Constitucional”, añade, anticipando así el propósito del Govern de agotar las vías judiciales.

Preguntas del PSC

“Se deben debatir estas dos posturas y la participación de los ayuntamientos es muy importante”, afirmó el alto cargo.

Por todo ello, la diputada del PSC y responsable de Enseñanza, Esther Niubó, ha presentado dos preguntas parlamentarias con la finalidad de conocer la posición del Govern “respecto a las dos últimas sentencias del TSJC que anulan dos proyectos lingüísticos de dos centros educativos de Barcelona y Abrera”, y averiguar si la Consejería de Educación “se plantea algún tipo de medida o acción en materia de política lingüística en los centros educativos de Cataluña”.

Tal como publicó ayer este medio, tanto la inmersión lingüística como TV3 han dejado de ser temas tabú para los socialistas catalanes. En su congreso de 2019, el PSC aprobó fomentar la flexibilización de los planes lingüísticos escolares, muy en la línea de un informe que planteó el propio consejero de Educación, Josep Bargalló. Sin embargo, el republicano dio marcha atrás en esa idea de ajustar el modelo lingüístico escolar en función de las necesidades de cada centro debido a la presión de determinados colectivos educativos.