El juez del 1-O pide al TSJC que investigue al vicepresidente del Govern, Pere Aragonès

El juez del tribunal de instrucción número 13 de Barcelona, que investiga el referéndum del 1 de octubre, ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que asuma la causa referente al vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y de los diputados Josep Maria Jové y Lluís Salvadó. Por su condición de aforados, es este el tribunal competente. 

El número dos de Quim Torra y consejero de Economía aparece en un informe de la Guardia Civil sobre varios viajes de exaltos cargos del Govern entre 2016 y 2017, que sospechan que tenían como objetivo buscar financiación para una hipotética Cataluña indepdiente. Aragonès hizo tres de los seis desplazamientos que se ponen en entredicho, durante los que se reunió con políticos de los países de destino, directivos de bancos internacionales, responsables de fondos de inversión especializados en comprar deuda soberana y sociedades de calificación de deuda pública. 

Por su parte, Jové y Salvadó, exsecretario general de Vicepresidencia y exsecretario de Hacienda con Oriol Junqueras respectivamente, fueron detenidos durante el registro de la Consejería de Economía del 20 de septiembre pasado. La operación de la Guardia Civil iba destinada a buscar documentación sobre la organización del 1-O. 

Competencia del TSJC

La jueza del TSJC Maria Eugènia Alegret sera quien decidirá si admite a trámite la solicitud del juzgado número 13 o no. Éste entiende que la condición de aforados con la que cuentan los tres miembros de ERC hace que la competencia para investigarlos sea del alto tribunal. 

Los viajes de Aragonès

La Guardia Civil ve un posible delito de malversación de fondos públicos en las reuniones de Pere Aragonès en el exterior. Pero el entonces secretario de Economía no fue el único que participó en estos viajes, sino que también lo hicieron Salvadó, el exconsejero de Exteriores Raül Romeva --que se encuentra en prisión preventiva-- y el exsecretario general del Diplocat Albert Royo, también imputado. 

Los desplazamientos fueron seis, a Irlanda, la parte flamenca de Bélgica, Londres, Noruega y Eslovenia (dos veces). La Guardia Civil solicitó al juez que hiciera un requerimiento a la Generalitat para esclarecer cuánto habían costado estos viajes, incluyendo los billetes de avión, el alojamiento, las dietas y otros gastos. Los agentes también indicaban en el informe la necesidad de identificar a las personas que habían autorizado los viajes y las funciones que habían desempeñado cada uno de los asistentes a las reuniones. 

Internacionalización y financiación

Si bien cargos de varios departamentos de la Generalitat acudieron a las visitas al extranjero, los objetivos de los viajes siempre eran los mismos, según la Guardia Civil. Por una parte, buscaban internacionalizar el conflicto y, por otra, buscar financiación en caso de alcanzar la independencia. Es por esta razón que apuntan a la Consejería de Economía, entonces liderada por Oriol Junqueras --también encarcelado--, como competente.