Isaías Herrero incrimina a Borràs: “Yo elaboraba los presupuestos, ella me daba los datos”

Isaías Herrero, el informático imputado junto a la presidenta de Junts, Laura Borràs, por el fraccionamiento de contratos cuando ella dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre los años 2013 y 2017, ha confesado este lunes en el juicio los delitos que se le imputan y ha incriminado directamente a Borràs. El otrora amigo de la presidenta suspendida del Parlament habría llegado a un pacto con la fiscalía para reducir su condena.

Durante el interrogatorio de la fiscal Assumpta Pujol, Herrero ha explicado que conoció a Borràs en unos premios literarios en los que él era concursante y ella, miembro del jurado. Tras dos años participando en el certamen y ganando el premio, “surgió una relación en torno a la literatura digital”. Cuando ella comenzó a dirigir la ILC le comunicó que sería él quien se encargaría de la parte tecnológica. A preguntas de si se trataba de un contrato de trabajo encubierto, Herrero ha respondido con rotundidad que sí: “Me dijeron que me pagarían mediante contratos de obra y servicio que no podían sobrepasar los 18.000 euros, pero como el trabajo encomendado superaba esta cifra había que dividirlo en diversos contratos”.

Ella estaba al corriente

Para ello, ha reconocido, acordaron que para cada factura prepararían tres presupuestos a nombre de diferentes empresas. Dos eran "presupuestos comparsa", que acompañaban al que se adjudicaría a dedo. "Detrás de estos presupuestos estaba yo”, ha confesado. Sin embargo, Herrero ha aclarado que Laura Borràs no solo lo sabía, sino que era ella quien le proporcionaba los datos fiscales y nombres de estas empresas. Según su versión, ella llegó incluso a ofrecerse a elaborar estos presupuestos --según figura en uno de los correos electrónicos que se intercambiaron-- aunque finalmente él le respondió que "no era necesario", que se encargaría él de todos. 

Laura Borràs, a la izquierda; Isaías Herrero, en el centro; y Andreu Pujol, a la derecha, en la sala en la que se celebra el juicio / DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

Herrero ha leído durante la vista otro correo que le envió a la presidenta suspendida del Parlament en el que le trasladó su preocupación con respecto al procedimiento para fraccionar los contratos y evitar que salieran a concurso. “Le dije que alguna funcionaria de la ILC no estaba de acuerdo y le manifesté que me sentía incómodo por cómo estábamos haciendo las cosas”. Una advertencia que parece que Borràs, que ha negado haber cometido estos delitos al inicio de la vista, ignoró. 

Las indicaciones de Borràs

En el juicio, Isaías Herrero ha explicado una cadena de correos intercambiados con la presidenta de Junts, que le ha exhibido el ministerio público, en los que se aclaraba que "un mismo proveedor no puede facturar diversos proyectos en un mismo año a la ILC, por lo que se necesitaban los nombres de proveedores diferentes". En esta conversación Laura Borràs le indicaba cómo debía quedar detallado el presupuesto para evitar que descubrieran el fraccionamiento de los contratos, así como las cantidades y las personas físicas o jurídicas adjudicatarias.

Aquí es donde entra en juego Andreu Pujol --el empresario imputado junto a Borràs y Herrero--, que se prestó a presentar algunos de los presupuestos adjudicados a dedo, mientras que en otros, ha declarado Herrero, usó su nombre sin su consentimiento. "Él cobró algunas de las facturas, yo le daba instrucciones para que las confeccionara y las presentara a la ILC", ha expresado. Ha reconocido haberle indicado los importes que tenía que facturar a la ILC para cobrar el trabajo que él realizaba como informático de la entidad y que Pujol le reintegraba. 

'Trapis i marrons'

Durante la vista, la acusación pública, encabezada por Assumpta Pujol, ha preguntado por los mensajes en los que Herrero reconocía facturar "trapis i marrons" junto a Laura Borràs, correos que ha asumido que envió y en los que se hacía referencia a las irregularidades de la ILC. 

También ha recordado que, en un momento de su relación con la ILC, se planteó la posibilidad de hacer un contrato negociado, un hecho que figura en uno de los e-mails expuestos durante el juicio en el que un funcionario o administrativo le pedía datos técnicos a Herrero para configurar el documento. Un contrato que nunca se efectuó, aunque el acusado ha declarado desconocer los motivos.

"He tenido problemas de drogas"

Tras responder a las preguntas formuladas por la fiscalía, el acusado ha ratificado su deseo de no responder a las preguntas de la defensa de Laura Borràs, formada por los abogados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, si bien esta ha intentado formular las preguntas para que consten en el juicio. "¿Consumía extasis, cocaína, y posteriormente heroína intravenosa? ¿Consumía metadona? ¿Engañaba a las instituciones públicas para que se la suministraran?", le ha atacado la defensa de la presidenta de Junts rescatando una conversación que mantuvo con su defendida. "Las preguntas son estériles, no aportan nada a este juicio. Se le retira la palabra", la ha interrumpido el presidente del tribunal, Jesús María Barrientos.

A preguntas de su abogada, Marina Roig, Herrero ha reconocido haber sido adicto a varias sustancias tóxicas. "En 2017, mi consumo hacía imposible que pusiera atención en mi trabajo porque mi consumo era elevado", ha recordado. Empujado por su adicción, ha confesado que cometió actividades delictivas como "comprar droga en la deep web para venderla posteriormente, así como billetes falsos para obtener tóxicos". "La policía me vino a buscar, me detuvieron, me acusaron y me juzgaron. Yo acepté la responsabilidad, igual que hoy acepto la de los hechos que se están plasmando", ha asumido. 

Dificultades técnicas

La vista ha avanzado con dificultad, dado que la pantalla en la que se han proyectado los múltiples documentos –correos, facturas y presupuestos-- a petición de la fiscalía no se veía correctamente. Este hecho ha obligado al acusado a levantarse en varias ocasiones y al abogado de Borràs, Gonzalo Boye, a pedir que se proyecten de nuevo.

Por estos hechos Borràs y Herrero se enfrentan a seis años de prisión y 21 de inhabilitación por los delitos de falsedad documental y de prevaricación.