Independentistas y comunes vuelven a impulsar la ley antidesahucios tumbada por el Constitucional

Los partidos que conforman el Govern (ERC y Junts per Catalunya) han alcanzado un acuerdo con los comunes y la CUP para aprobar una nueva ley antidesahucios en el Parlament. El borrador, fruto de largas negociaciones, recupera las medidas contempladas en el Decreto Ley de Medidas Urgentes para Mejorar el Acceso a la Vivienda.

Dicho texto fue aprobado por el Ejecutivo catalán en 2019, pero terminó anulado por el Tribunal Constitucional. En aquella ocasión, los magistrados resolvieron que las cuestiones recogidas en la norma no podían regularse a través de un decreto ley, un revés que los partidos intentarán superar con la tramitación en la Cámara catalana.

Alquiler social

El decreto anulado reforzaba la protección contra los desahucios con respecto a la anterior norma en vigor, la ley catalana de pobreza energética y emergencia habitacional de 2015. Entre las medidas adoptadas entonces, estaba la de obligar a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social a familias vulnerables que no pudieran hacer frente a la hipoteca.

El decreto de 2019 reforzaba la protección contra los desahucios ampliando los supuestos de protección a los impagos, a las finalizaciones de contrato de alquiler y a las ocupaciones.

Choque entre JxCat y PAH

El principal obstáculo en las negociaciones ha sido el escepticismo de JxCat, cuyas enmiendas chocaban con las reivindicaciones de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH). Los posconvergentes reclamaban que se compensar a a los propietarios, así como concretar la definición de gran tenedor.

Finalmente, la definición de gran propietario incluirá a las personas físicas con más de diez viviendas, contra las 15 actuales. La obligación de ofrecer un alquiler social en casos de necesidad afectará a estos grandes tenedores durante cinco años, que subirán a siete si se trata de una persona jurídica y a 12 si el propietario es un banco.

El PSC, abierto a negociar

Una vez acordado el borrador, el siguiente paso es llevarlo a la comisión parlamentaria del ramo, donde el resto de partidos se posicionarán. De ser modificado, el texto podría sumar a otras formaciones como el PSC, que no ha entrado en el acuerdo porque se opone a aspectos como la limitación de los alquileres abusivos, pero sería partidario de otras de las medidas sociales en materia de vivienda.

El acuerdo entre estos cuatro partidos representados en el Parlament llega después de la aprobación por parte del Consejo de Ministros de esta semana del Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2022-2025, que cuenta con una dotación de 1.717 millones y prestará especial atención a los afectados por desahucios, así como a las personas más vulnerables, los sin hogar,y a la infravivienda, con más programas para promover la vivienda de alquiler.