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La Guardia Civil registró el CTTI días antes de la celebración del la votación del 1-O / EFE

Todas las tecnológicas están bajo sospecha policial por colaborar con el independentismo

Investigación abierta contra grupos como IBM, KPMG, PWC, Telefónica y T-Systems por su posible implicación en el desarrollo de las llamadas estructuras de Estado

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La Guardia Civil ha puesto el foco en todas las empresas tecnológicas que operan en Cataluña. Grupos como IBM, KPMG, PWC, Telefónica Soluciones Informáticas y Comunicaciones, Telefónica Soluciones de Outsourcing, T-Systems y otras de menor tamaño están incluidas en la investigación abierta por el instituto armado por su posible implicación en el desarrollo de las llamadas estructuras de Estado, declaradas ilegales por los tribunales.

La causa afecta a más de 40 compañías ante los indicios de que, presuntamente, usaron sus contratos de prestación de servicios diversos firmados con la Generalitat para que el Ejecutivo catalán camuflase contratos ilegales. Concesiones que, según sospechan los agentes, habrían facilitado que el proceso independentista siguiera su curso y que superarían los 800 millones de euros.

Empresas afectadas

Además de las citadas, estarían bajo investigación policial empresas como Solium, Unitronics Comunicaciones, Incita Security, Grupo S21 Sec Gestión, Rohde&Schwarz España, Leaop in Value, Indiges Evolium Group, Ricoh España, SII Concatel, Da Vinci Consulting 2040, COM 2002, ALF 9 Servicios Web, Unitecnic, Seidor, Everis, Nexica e Indian Webs, entre otras.

Entre los trabajos que están bajo la lupa de la Guardia Civil están los relacionados con la creación de un sistema fiscal catalán; las estructuras de seguridad de una futura república catalana; los sistemas de gestión de votos y el diseño de páginas web para la Generalitat. Encargos que se contrataban a través de entidades como el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) o el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (CTTI).

Eludir el control de Hacienda

Según las primeras pesquisas del instituto armado, el Gobierno catalán solicitaba la prestación de servicios bajo demanda en el ámbito de los contratos suscritos con estas empresas. Hecho que permitía evitar la convocatoria de un nuevo concurso público con este fin.

Es decir, eludía de este modo la vigilancia sobre el control de gasto de la Administración catalana por parte del Ministerio de Hacienda que hubiera impedido que se llevaran a cabo. La investigación sigue su curso.