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El grupo promotor de la RGC, Vidal Aragonés (CUP), Marta Ribas (comunes), Noemí de la Calle (Cs) y Raúl Moreno (PSC) / EUROPA PRESS

El Govern niega una Renta Garantizada por 44,20€

Un vecino de Barcelona pierde esta ayuda porque su exmujer le dio 1.000 euros para poder ir de vacaciones con su hija; PSC, comunes, Cs y CUP instan a cambiar la ley para evitar estas situaciones

20.09.2019 00:00 h.
6 min

Se llama Modest R. P., vive en Barcelona y asegura que se encuentra en una situación de “total precariedad”. Se ha puesto en contacto con Crónica Global para denunciar que el Govern le ha denegado la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) porque sus ingresos exceden en 44,20€ el límite exigido por la Generalitat. Su caso ejemplifica la interpretación restrictiva que hace el Govern de una ley, hasta el punto de penalizar que familiares y amigos ayuden económicamente a esas personas en situación de pobreza severa.

PSC, Ciudadanos, Catalunya En Comú-Podem y CUP han presentado una iniciativa parlamentaria para evitar casos como el de Modest, quien forma parte de los centenares de personas que solicitan esa ayuda y que reciben un portazo del Ejecutivo catalán. La Comisión que impulsó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlament asegura que se rechazan el 80% de las solicitudes y que, en la mayoría de los casos, no se explican los motivos.

Evolución de las solicitudes de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) / CG
Evolución de las solicitudes de Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) / CG

En el caso de este ciudadano, la Generalitat tardó 14 meses en comunicarle que rechazaban su petición. “Decían que mis ingresos en los últimos seis meses antes de la solicitud presentada (septiembre de 2017) eran de 3.428 euros y que en aquel momento no se podían sobrepasar los 3.384 euros, es decir, 564 euros mensuales (luego se amplió la cifra a 664 euros)”. La Generalitat, explica, incluyó en ese cómputo los 1.000 euros que su exmujer le dio para que pudiera irse de vacaciones con su hija a un camping porque él no podía pagarlo. “No era dinero para mí, era para nuestra hija”, insiste.

Por todo ello, ha presentado alegaciones a la Dirección General de Economía Social en las que pide que se resuelva favorablemente su petición.

reforma ley
Reforma de la ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía que proponen PSC, comunes, Cs y CUP

Precisamente ayer, PSC, Comunes, CUP y Ciudadanos anunciaron una proposición de modificación de la ley de la RGC en lectura única --trámite de urgencia-- con la finalidad de que personas que solicitan la RGC no estén obligadas a acreditar seis meses de insuficiencia económica, sino dos, y que el hecho de recibir ayudas económicas o alimentarias por parte de familiares o amigos no suponga tampoco un obstáculo. ERC, Junts per Catalunya y PP se han desmarcado de esta iniciativa conjunta, que puede leerse en este enlace.

"La ley no ha cumplido su objetivo"

“Dos años después de la puesta en marcha  de la RFC, lo que debía ser una prestación que asegurara unos mínimos de vida digna a los catalanes y catalanas que viven en riesgo de exclusión social no ha cumplido su objetivo”, denunció el portavoz de Políticas Sociales del PSC, Raúl Moreno.

Tal como publicó Crónica Global, un total de 380.000 catalanes disponían en 2017 de rentas inferiores a 350 euros al mes, según datos de Idescat. Un año después, esa cifra ascendía ya a medio millón de personas.

Manifestación contra la pobreza en Cataluña de miembros de la asociación Renta Garantizada de Ciudadanía / TWITTER
Manifestación contra la pobreza en Cataluña de miembros de la asociación Renta Garantizada de Ciudadanía / TWITTER

“La mala gestión ha afectado a una gran mayoría de gente que pide la RGC. Dos años después, la ley continúa sin reglamento, lo que complica la resolución de los expedientes y el esclarecimiento de los casos más complicados”, afirma Moreno.

Por su parte, Noemí de la Calle (Cs) ha sostenido que "la interpretación del Govern no se ajusta a la ley", y ha denunciado su "falta de autocrítica y sensibilidad social", así como su "mala gestión y falta de apuesta por las políticas sociales". Por parte de la CUP, Vidal Aragonés se ha referido a las trabas que pone la administración para conceder las ayudas, mientras que Marta Ribas (Catalunya En Comú-Podem) denunció la aplicación “deficiente y restrictiva" de la norma. “No es que la ley no sea buena --ha precisado--, es que no se está aplicando bien”.

La Comisión que impulsó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Parlament con la finalidad de asegurar una prestación se ha mostrado muy crítica con la gestión del consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Chakir El Homrani. “Al Govern le importa un bledo la pobreza extrema”, manifestó a este diario el portavoz de esta comisión, Diosdado Toledano.

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