El Govern admite la desatención a los afectados por la Renta Garantizada

Quienes solicitan la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) se ven obligados a sumergirse en un periplo burocrático para el que no están preparados. El caos en la gestión de esta ayuda, que la Generalitat presentó en el anterior mandato como un proyecto estrella, ha provocado un alud de denegaciones, un 84% del total de solicitudes, muchas de las cuales acaban con un recurso contencioso-administrativo. La situación de indefensión ha sido denunciada en varias ocasiones por la Comisión Promotora de la RGC. Pero ahora es la propia Generalitat la que reconoce en una resolución la desatención de los afectados.

Resolución de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública sobre la Renta Garantizada de Ciudadanía

La Comisión de Garantía del Derecho a la Información pública (GAIP) de la Generalitat ha dado la razón a la reclamación 360/2019 presentada por la citada Comisión, después de que la Dirección General de Economía Social (DGES), dependiente de la Consejería de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, se negara a proporcionar la información solicitada el pasado mes de abril.

En concreto, los impulsores de la RGC querían conocer la situación de los recursos de alzada y, especialmente, la de los recursos presentados ante la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. También solicitaron conocer el número de recursos aceptados y abonados por la DGES.

Sin argumentos

El GAIP reprocha a la Consejería que no justifique su negativa a proporcionar esa información. “No se puede descartar que alguna de las informaciones demandadas requiera de hecho la elaboración de un informe jurídico previo para poder ser elaborada; ahora bien, es evidente que esta causa de inadmisibilidad no concurre en la mayor parte de las informaciones solicitadas, que solo piden datos estadísticos, que como mucho pueden requerir sumar; en estas circunstancias, la invocación genérica de esta causa de inadmisibilidad, sin argumentarlo mínimamente en relación con las informaciones concretas solicitadas que podrían requerir un informe jurídico previo, no justifica en absoluto su aplicación”, indica la citada Comisión.

En paralelo, la Comisión Promotora de la RGC puso en conocimiento del Síndic de Greuges la “insuficiente y poco clarificadora” respuesta recibida de la misma DGES sobre la petición de información sobre la contratación de servicios a Deloitte Consulting SLU para realizar la gestión de la Renta. El Govern ha contratado por segunda vez a esta empresa para hacer unos trabajos durante dos años, presupuestados en 1,1 millones de euros.

En el vídeo que adjuntamos, el testimonio de Xavier Motis, uno de los afectados por el caos en la gestión de la RGC.

Movilizaciones

Una de las últimas movilizaciones tuvieron lugar el pasado 12 de junio en la plaza Sant Jaume, donde cientos de personas exigieron el pleno cumplimiento de la Ley de la Renta Garantizada. Los asistentes exhibieron pancartas y carteles que denunciaban la situación de la pobreza en Cataluña. Participaron numerosas personas afectadas por el incumplimiento de la RGC, así como activistas y representantes de movimientos sociales como Marea Pensionista, Marea Blanca, AGP, Coordinadora de asambleas de trabajadores/as en paro de Cataluña, trabajadoras sociales, PAC, Afectados BB Serveis, No+Precariedad, del movimiento vecinal, educativo, Pastoral Obrera, activistas sociales, y personas que colaboran en las tareas de asesoramiento de la Comisión Promotora de la RGC. 

Pancartas en una concentración para denunciar la mala gestión de la Renta Garantizada / CG

El acto finalizó con la lectura de una carta pública dirigida al presidente de la Generalitat Quim Torra. “Los números son de escándalo”, denunciaban en esa carta. De 133.746 nuevas solicitudes hasta finales de 2018 solo se aprobaron 4.268 prestaciones de RGC, rechazando más del 84%. De complementos de pensiones solo se concedieron 8.486, denegando el 72%. En pararelo, se estinguieron 8.122 prestaciones y suspendidas otras 5.209.

El Parlamemt denunció la mala gestión del Govern y aprobó una moción en la que se insta a la Generalitat a revisar todas las solicitudes rechazadas. “Es un escándalo que el reglamento de la ley se retrase hasta 2020”, afirmaban los afectados.

Recordaban que, según el indicador europeo Arope, más de 300.000 catalanes sobreviven en condiciones de privación material severa y que más de 1.700.000 están en riesgo de pobreza.