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La portavoz del Govern, Meritxell Budó / GENERALITAT

El Govern marea la perdiz con el estado de alarma: "No lo descartamos"

El Ejecutivo también abre la puerta a emprender medidas contra el exconsejero Alfred Bosch en otro choque entre JxCat y ERC

4 min

El Govern ha afirmado este jueves que no descarta pedir al Gobierno la declaración de estado de alarma ofrecida por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hace esta afirmación un día después de que la consejera de Salud, Alba Vergés, rechazara la medida. "No lo descartamos. No nos temblará la mano", ha dicho la portavoz y consejera de Presidencia, Meritxell Budó, en un correctivo respecto a la nueva iniciativa a disposición de las autonomías. 

"Las autoridades sanitarias, hoy por hoy, no ven necesario el estado de alarma", ha manifestado, "dicho esto, el Govern hará todo lo que sea necesario para proteger a los ciudadanos de Cataluña. Estudiaremos la letra pequeña de la oferta del Gobierno. No lo descartamos. No nos temblará la mano". Cabe tener en cuenta que fue el presidente catalán, Quim Torra, el primero en rechazarlo frontalmente tras su anuncio y que poco a poco ha matizado su posición. Además, los independentistas de JxCat se opusieron a su ejecución durante el momento más duro de la pandemia. 

Expediente de Bosch

Budó ha hecho este anuncio tras la reunión semanal del Consejo Ejecutivo. El encuentro ha servido de nuevo para mostrar la distancia cada vez mayor que presentan los socios del Ejecutivo catalán. En esta ocasión, el equipo liderado por Torra ha dado a conocer un informe elaborado por el área de Función Pública, controlada por Jordi Puigneró (JxCat), según el cual el exconsejero de Acción Exterior, Alfred Bosch (ERC), era conocedor de que el exjefe de gabinete habría acosado sexualmente a varias trabajadoras del departamento antes de que el caso se hiciera público.

El Govern, según la portavoz, "hace suyo el informe" por lo que ha encargado a los servicios jurídicos que tome las medidas legales pertinentes. Todo ello, seis meses después de que el republicano renunciase a su cargo y con una tensión cada vez mayor entre los socios del Gobierno regional. 

Tesorería de los entes locales

El posible caso contra el republicano no es el único proceso judicial que se ha abordado en el encuentro de consejeros de este jueves. Budó ha avanzado la solicitud de un dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) como paso previo a interponer un recurso contra el decreto-ley del Gobierno que habilita al Estado a disponer de los remanentes de tesorería de los entes locales.

La portavoz asegura que esta normativa que supone otra vía de ingresos para el Estado impide a los ayuntamientos disponer de todo el dinero de su superávit. Todo ello, en un "momento la excepcionalidad para hacer frente al incremento de todos los gastos asistenciales, medidas sanitarias y de seguridad que está provocando la pandemia".

La gestión del Ejecutivo central ha sido de nuevo el blanco de las críticas de la independentista. En esta ocasión, ha exigido que "apruebe un permiso retribuido para las familias que necesiten cuidar a sus hijos, que resuelva el Ingreso Mínimo Vital y no retrase más el pago de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)".