El Govern gastó 62 millones en propaganda en pleno 'procés'

La Generalitat gastó más de 62 millones de euros en propaganda en los años álgidos de procés. En concreto, el Govern destinó 30.752.038 euros en 2017 a publicidad institucional y, al año siguiente, la cifra aumentó hasta llegar a los 32.470.259 euros. Así, mientras los recortes sociales aplicados durante el mandato de Artur Mas no han revertido, la inversión en propaganda no solo se mantiene, sino que aumenta.

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha proporcionado estos datos en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por la diputada de Ciudadanos, Sonia Sierra. Alega que ese incremento se debe principalmente a la Agencia de Turismo de Cataluña, ya que en 2017 realizó campañas publicitarias por un valor de 1.831.688 euros y en 2018, por valor de 4.931.083 euros. "Este aumento se debe a que la campaña Neu 2017-2018, imputable a los dos años, finalmente se imputó en su totalidad en 2018. La aplicación del artículo 155 retrasó la contratación de los medios en 2017 y toda la inversión pasó a 2018".

Otro motivo para la subida en gasto publicitario, afirma el dirigente republicano, son las partidas destinadas por la Consejería de Agricultura. "En 2017 realizó una inversión de 353.152 euros y en 2018, de 879.653 euros. este aumento se debe a la realización de campañas con financiación de la UE. El departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación recibió fondos de la UE para hacer campañas de fomento del consumo del pescado de lonja y de leche".

Cataluña sigue sin revertir los recortes sociales aplicados en los últimos años. En la lista de Comunidades Autónomas (CCAA) españolas, la catalana es quinta en el desarrollo de su sistema de Servicios Sociales. Aunque su puntuación sube unas décimas respecto a 2015, cuando registró su peor resultado, todavía no ha llegado a niveles previos a la crisis, según revela el Indice DEC 2018. 

El informe, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de los Servicios Sociales y presentado el pasado mes de mayo, considera que Cataluña ha registrado "un retroceso en el apartado de reconocimiento de derechos, planificación y organización, por no tener vigente un plan estratégico o mapa de cobertura"