El Gobierno deja en manos del Supremo el traslado a Cataluña de los políticos presos

El Gobierno “no tiene competencia” para decidir si los políticos presos juzgados por el procés pueden ser trasladados a cárceles de Cataluña cuando termine la vista oral. La ministra portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, asegura que corresponde al Tribunal Supremo tomar esta decisión: “Estaremos a lo que diga”.

Celaá ha respondido así tras el Consejo de Ministros y después de que el Govern, por medio de su portavoz, Meritxell Budó, haya anunciado que pedirá el acercamiento de los encausados para que estén cerca de sus familias. En su comparecencia, la representante catalana ha echado balones fuera cuestionada por si, en ese supuesto, la justicia catalana (si hay condena) daría el tercer grado a los encarcelados.

La ONU y los presos

Poco antes, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha instado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a la Fiscalía General del Estado a atender el documento de un grupo de trabajo de la ONU y exigir la libertad de los “presos políticos” y una “indemnización” para ellos. También reclama “una investigación para depurar responsabilidades” por el encarcelamiento. Esta petición vía carta es un “despropósito”, en palabras de Celaá.

En este sentido, España pedirá formalmente a la ONU que José Guevara y Seong-Phil Hong, dos de los cinco miembros del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias que han criticado la detención de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart por considerarla arbitraria se inhiban de este caso. Argumenta que existe una relación directa entre ellos dos y el abogado británico Ben Emmerson, defensor de los tres presos, así como errores de interpretación, lo que induce a pensar en presiones o manipulación para emitir dicha opinión.

El mundo económico presiona a Torra

Los periodistas también han preguntado a Budó sobre las alertas que el presidente del Círculo de Economía, Juan José Brugera, lanzó el jueves en Sitges (Barcelona) a Torra acerca de que “la pérdida de poder económico de Cataluña empieza a notarse”. Brugera le pidió que el Govern dé prioridad a la gestión del día a día. Cataluña necesita “más confianza para crecer económicamente”, ha dicho Celaá.

A este respecto, la ministra española ha añadido que “es importante que el poder económico plantee con claridad que Cataluña requiere una estabilidad dentro de la Constitución, dentro de la ley, dentro de la normalización política”. Sin embargo, Budó matiza que el Govern considera que eso no está ocurriendo y que “desde el Estado se intentó perjudicar a Cataluña en estos últimos tiempos”.