La Generalitat quería sustraer datos de los jubilados a través de los bancos

La Generalitat contaba usar datos de las entidades bancarias para poder obtener los datos de los pensionistas de una hipotética República Catalana. Los planes del ejecutivo que presidía Carles Puigdemont pasaban por la necesidad de crear unas estructuras de ingresos necesarios para cubrir las prestaciones sociales, entre las cuales las jubilaciones.

Un informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Europa Press, afirma que esos planes cuantificaron los recursos necesarios para llevar a cabo la recaudación de los ingresos para financiar las prestaciones sociales. Esta función sería asumida por la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC). Según un cuadro que aportan los investigadores, se establecieron tres posibles modelos. El primero costaría 54 millones de euros; el segundo, 66 millones y el tercero, 144 millones de euros.

Obtención de los datos

El principal problema para poder substituir a la Tesorería General de la Seguridad Social pasaba por conseguir los datos que manejaba. Una de las propuestas incautadas por la Guardia Civil afirma que el Govern del entonces presidente Carles Puigdemont pretendía obtener la lista de pensionistas catalanes a partir de "fórmulas de colaboración con entidades financieras". De hecho, los bancos disponen de los datos de sus clientes, que son confidenciales. 

La Generalitat también quería contar con la capacidad de recaudación de los impuestos en el nuevo Estado. No obstante, no se especifica en el informe obtenido por Salvadó el coste que supondría para la administración autonómica. Algunos datos hablaban de un total de 162 fuentes de datos identificadas o inventariadas. 

Seguridad Social catalana

El Parlament aprobó en 2017 la Agencia Catalana de Protección Social, que era considerada por los ideológos del procés otra de las leyes de desconexión. La idea era que esta se encargara de las funciones propias de la Seguridad Social. La ley que daba cobertura jurídica a esa institución pública fue recurrida por el Gobierno de Rajoy al Tribunal Constitucional.

Los investigadores policiales explican que los líderes del procés "disponían de la infraestructura técnica para asegurar la calidad de la información fiscal". Además, tenían capacidad para "almacenar la base de datos fiscales" y planteaban diseñar la estrategia para obtener datos tributarios.