La Generalitat quita hierro a los ataques ‘indepes’ a estudiantes constitucionalistas

La consejera de Empresa y Conocimiento, Maria Àngels Chacón, resta importancia a las movilizaciones que tuvieron lugar en las universidades catalanas tras la sentencia del Tribunal Supremo sobre el referéndum del 1-O. En algunos centros, radicales independentistas impidieron a los estudiantes acudir a clase durante la huelga indefinida. Considera el Govern que no le corresponde dar directrices a los centros y, tras invocar la autonomía universitaria, tilda de “incomodidad” el bloqueo sufrido.

El Govern deja claro, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Ciudadanos, que no impuso ningún lock out en las universidades catalanas durante aquellos días. Considera que las movilizaciones que arrancaron el pasado 14 de octubre con motivo de la sentencia del 1-O “no es diferente a otras convocatorias que se ha producido en el pasado, que también generaron incomodidad a aquellos que no participaban en aquel movimiento. La situación actual en las universidades, primero, tiene un seguimiento minoritario y, segundo, no es excepcional”.

Pintadas en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) contra los estudiantes constitucionalistas de S'ha Acabat / TWITTER

Invoca la consejera Chacón la “autonomía universitaria” y “el derecho a la huelga en las universidades”, cuya “regulación interna es competencia" de cada una de ellas. Asegura que la Secretaría de Universidades e Investigación del Departamento de Empresa se puso “a disposición de los equipos de gobierno de las universidades para lo que pudiera necesitar, y está en contacto permanente, pero no le corresponde dar directrices”.

La consejera afirma que las universidades trabajan para hacer compatibles dos derechos legítimos: el derecho a la huelga que, "como derecho fundamental regulado en el artículo 258 de la Constitución, goza de protección especial", y el derecho de aquellos "que legítimamente no quieren secundar la huelga, estableciendo medidas excepcionales que minimicen los perjuicios derivados del ejercicio del derecho a la huelga".

En aquellas fechas, CDR estudiantiles bloquearon con sillas y mesas las puertas de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) para impedir el acceso a los que no querían secundar el paro indefinido. En la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), un grupo de alumnos que se había encerrado en el centro impidió el acceso a otros estudiantes y personal. Hubo bronca verbal.

Tensión en la UPF entre estudiantes que quieren entrar en clase y otros que tratan de impedirlo / CG

A raíz de esos paros, el consejo de gobierno de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) aprobó “medidas excepcionales para flexibilizar la evaluación académica” a petición de algunos de los alumnos. La solución se basa en una “prueba de síntesis final” reevaluable para todos aquellos que secundan las protestas del juicio del procés.

Esta “medida de gracia” fue recurrida por tres alumnos y un profesor de la UAB ante la Justicia por entender que es "contraria a Derecho, que vulnera la normativa académica, supone un cambio del sistema de evaluación con el curso ya iniciado, implica el apoyo explícito de la Universidad a unas protestas de carácter partidista".

Iniciativas parlamentarias

La inhibición del Govern se produce en vísperas de que la consejera dé explicaciones en la Comisión de Empresa y Conocimiento del Parlament sobre los actos violentos ocurridos el día 11 en la plaza Cívica de la UAB, donde independentistas radicales agredieron a estudiantes constitucionalistas. La formación naranja ha presentado, además, una moción transaccionada con el PP para instar a la Cámara catalana a condenar esos incidentes violentos.

En esa iniciativa, ambos partidos precisan que el derecho de reunión y de manifiestación no es "absoluto e ilimitado", pues debe someterse al contenido de la ley que lo regula, así como a la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. Su incumplimiento, afirman, "exige la correspondiente actuación de la autoridad gubernativa que, en los casos en que se produzca cualquier vulneración de los derechos fundamentales de otros ciudadanos, deberá actuar contra los organizadores y los participantes".