Frente común de los funcionarios represaliados por el independentismo

“El objetivo es sumir al funcionario disidente con el separatismo en una situación de acoso laboral y social, a ser posible empujándolo a la depresión y destruyéndolo como persona”. Así se sienten los empleados públicos que no comulgan con el independentismo. Por ello, un grupo de profesionales, entre los que se encuentran profesores y mossos d’Esquadra, han decidido crear una red de apoyo para compartir experiencias, plantar cara a lo que califican de acoso y luchar contra las represalias.

Crónica Global ha tenido acceso a los principios básicos de esta nueva plataforma, que pilota Francisco Oya, el profesor de Historia del Instituto Joan Boscà de Barcelona, quien acaba de ser sancionado con diez meses de suspensión de empleo y sueldo por oponerse al adoctrinamiento escolar.

Francisco Oya, presidente de Profesores por el Bilingüismo

Francisco Oya, profesor expedientado 

“El supremacismo separatista intenta neutralizar a los funcionarios controlados por la Generalitat que considera desafectos. Especialmente en los sectores de enseñanza, comunicación y orden público, considerados vitales para el proyecto secesionista. Para ello utiliza cualquier medio, sin reparar en escrúpulos morales”.

Expedientes disciplinarios

Así, explican “es habitual la instrucción de expedientes disciplinarios, sin ninguna base y alimentados con falsedades. También la familia de los afectados, singularmente los hijos en edad escolar, acostumbran a ser blanco de los ataques supremacistas. Especialmente cuando se trata de funcionarios sobre los que la Generalitat no puede ejercer un control total, por escapar a sus actuales competencias, como es el caso de Policía Nacional, Guardia Civil o Fuerzas Armadas”. 

Acusan al Gobierno catalán  de “sumir al funcionario disidente con el separatismo en una situación de acoso laboral y social, a ser posible empujándolo a la depresión y destruyéndolo como persona con el fin de neutralizarlo completamente. Pues el separatismo no está dispuesto a tolerar el desafío que suponen para su proyecto totalitario las libertades ciudadanas de expresión y cátedra, así como el pluralismo político o la soberanía constitucional de la Nación española”. 

Concentración en Sant Andreu de Barca por la defensa de los hijos de los guardias civiles y en contra del adoctrinamiento escolar / CG

Concentración en Sant Andreu de Barca por la defensa de los hijos de los guardias civiles y en contra del adoctrinamiento escolar / CG

Aluden a la “lucha individual con un alto coste personal, económico y psicológico” que sufren ante esta presión independentista. Por ello consideran importante “mantener un contacto periódico con compañeros en circunstancias similares, para promover el apoyo mutuo y evitar en la medida de lo posible situaciones límite que puedan llevarnos a la depresión. Esto redundará en una mayor eficacia de nuestra lucha individual, que debe integrarse necesariamente en una lucha colectiva”. 

"Subvencionados por el supremacismo"

Los impulsores de esta red de apoyo mutuo consideran necesario “denunciar y divulgar estos casos --pues el supremacismo intenta siempre que nos sintamos aislados-- y que la sociedad conozca lo que está pasando”. Para empezar, apuestan por la creación de un fichero de casos y una base de datos lo más extensa posible. “Esto facilitará el contacto con los medios independientes y la generación de noticias. Por el contrario, cuando el acoso se realice a través de medios apesebrados y subvencionados por el supremacismo, hay que denunciarlo en los tribunales y ejercer el derecho de rectificación y de defensa del honor”. 

Otro objetivo es conseguir que haya sindicatos “que nos defiendan eficazmente y puedan prevenir situaciones similares en el futuro. Aprovechando algunos existentes (singularmente CSIF) y/o creando otros nuevos. Debemos conseguir que se activen protocolos contra el acoso a funcionarios por motivos espurios de discrepancia ideológica o política con el separatismo, así como contra la discriminación en el acceso a la función pública por este motivo”. Para ello consideran imprescindible “la implicación directa del Estado, incluso con la recuperación de diversas competencias, y en todo caso ejerciendo sus funciones irrenunciables de control y gobierno sobre todo el territorio nacional, garantizando la igualdad de derechos de todos los ciudadanos”.

Otro de los objetivos es “conseguir que toda la sociedad española sea beligerante en la prevención, lucha y erradicación de esta lacra, cuyos resultados darán la medida del nivel de calidad de la democracia española. También será importante establecer canales de comunicación con los partidos políticos constitucionalistas, que permitan llevar estas situaciones al Parlamento Nacional y cámaras autonómicas, facilitando la adopción de medidas políticas adecuadas”. 

Símbolos del independentismo en la sede de la Consejería de Interior, de la que dependen los Mossos d'Esquadra / CG

Símbolos del independentismo en la sede de la Consejería de Interior, de la que dependen los Mossos d'Esquadra  / CG

Para ello buscarán la colaboración con los diversos grupos de la sociedad civil constitucionalista de Cataluña, con la esperanza de que “puedan ayudarnos a la vez que se estructuran y fortalecen”. Un objetivo fundamental sería conseguir que la lucha en el terreno judicial “fructifique en condenas penales a los responsables de promover situaciones de acoso, y divulgarlas convenientemente. Es imprescindible que estas situaciones no les salgan gratis a los culpables”. Los integrantes de este grupo se declaran dispuestos a mantener su “desafío al totalitarismo secesionista, como garantía de salvaguarda eficaz de los derechos cívicos y de la propia existencia de la Nación española, garante de los mismos”.