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Joaquim Gay de Montellà (i), presidente de Foment del Treball, y el responsable de Economía de la patronal, Salvador Guillermo (d), en una imagen de archivo / CG

Foment del Treball avisa de la ilegalidad de la huelga general convocada en Cataluña

La patronal indica que se trata de una protesta política ajena a las relaciones laborales y advierte de la falta de garantías del “paro general” alternativo

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Foment del Treball ha defendido este lunes que la huelga general que los sindicatos minoritarios han planteado para mañana en Cataluña es ilegal. En una circular laboral interna indica que la convocatoria de CGT, Intersindical Alternativa (IAC), Intersindical CSC y COS es una “protesta política que se dirige contra el Estado, causada por relaciones ajenas a la relación laboral y que no se encuentra vinculada al interés de los trabajadores”.

Considera que su “finalidad transciende el ámbito del contrato y de la organización empresarial al pretender incidir en la vida política y social del país”, por lo que no tiene cabida en el Real Decreto Ley de 1977 que regula los paros generales.

Motivos de la convocatoria

La gran patronal catalana recuerda que los sindicatos convocantes, que entre todos cuentan con una representatividad del 6%, aluden a la intervención de los diferentes cuerpos policiales en Cataluña antes del 1-O y a la “vulneración de los derechos fundamentales de libertad ideológica, derecho a la intimidad personal y de expresión” que generarían sus actuaciones.

El único apunte del ámbito laboral o profesional que se hace es la derogación de la reforma laboral de 2012, el tercer punto del documento que se registró. “Es evidente que se ha incluido de forma extemporánea, desvinculada absolutamente del resto de motivos” con un único objetivo, el de “evitar la ilegalidad de la huelga al introducir un factor de vinculación con el ámbito laboral, en manifiesto fraude de ley”.

Petición de las patronales a la Generalitat

La circular de la patronal también critica la “desmesura inaudita en cuanto al número de días convocados” que evidenciarían la “finalidad política y excepcional de estas convocatorias”. Entre los sindicatos que la suscriben hay división. Algunos apuestan por hacer una huelga sólo el 3 de octubre y otros piden prolongar los paros hasta el viernes 13.

Foment recuerda que el pasado 27 de septiembre comunicaron a la Generalitat de forma acordada con Fepime y Pimec que consideraban que no había lugar a la convocatoria de servicios mínimos por las “motivaciones ajenas al interés profesional de los trabajadores y al ámbito de las relaciones laborales” de la convocatoria.

Servicios mínimos

La conselleria de Treball, encabezada por Dolors Bassa, hizo oídos sordos a su petición. Decretó unos servicios mínimos que prácticamente suponen la paralización del transporte público en Cataluña.

El Metro de Barcelona sólo funcionará en horas punta pero en un 25%, igual que los autobuses. Es decir, entre las 6.30 y las 9.30 de la mañana y entre las 17 y las 20. En cuanto a los convoyes de Cercanías y Regionales de Cataluña que opera Renfe, se limita la circulación al 33% de los habituales en el mismo horario.

En cuando a los hospitales y centros de asistencia primaria de Cataluña, se garantizó el funcionamiento normal de las urgencias, las unidades especiales y los tratamientos de radioterapia y quimioterapia que también necesiten rapidez. En el resto se marca contar con un mínimo del 25% de la plantilla.

Aviso ante el ‘paro general’

Foment del Treball también se pronuncia en el comunicado sobre el paro general, la fórmula que CCOO, UGT, Pimec y una de sus patronales territoriales agregadas, Cecot, pactaron con ANC y Òmniun Cultural para coordinar un rechazo a las actuaciones de la Guardia Civil y la Policía Nacional del 1-O. Proponen que sean los trabajadores y los empresarios de las compañías los que pacten cómo canalizan esta propuesta.

La gran patronal avisa de que “no existe una convocatoria formal de huelga y se plantea una figura inexistente jurídicamente”, por lo que “no se puede exigir por parte de los trabajadores los derechos que de tal situación se derivan”. Es decir, “las faltas al trabajo no justificadas deberán tener el tratamiento que para las mismas prevén tanto la ley como los convenios de aplicación”.