De izda a dcha: responsable de relaciones institucionales de Foment, Montse Surroca; presidente de Foment, Josep Sànchez Llibre; miembro de la comisión jurídica, Emilio Zegrí; presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Sergi Llagostera,  / CG

De izda a dcha: responsable de relaciones institucionales de Foment, Montse Surroca; presidente de Foment, Josep Sànchez Llibre; miembro de la comisión jurídica, Emilio Zegrí; presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Sergi Llagostera, / CG

Política

Foment pide una nueva ley para desalojar de forma "inmediata" a los okupas

El presidente de la patronal, Josep Sànchez Llibre, reclama homologar la normativa a la de otros países de la Unión Europea, en los que se echa a los allanadores rápidamente

11 julio, 2022 13:27

El presidente de Foment del Treball, Josep Sànchez Llibre, pide una nueva ley para desalojar de forma "inmediata" a las personas que okupan de forma ilegal una vivienda o un local. Considera que España necesita modificar la legislación actual y "homologarla" a la de otros países de la Unión Europea, en los que los desalojos se producen rápidamente tras conocer un allanamiento. 

Así lo ha dicho en una rueda de prensa junto al presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña, Sergi Llagostera, el miembro de la comisión jurídica de la patronal, Emilio Zegrí, y la responsable de relaciones institucionales, Montse Surroca

Plan de choque de vivienda social

La okupación es un problema que crece en España y, concretamente, en Cataluña. Por eso, Sánchez Llibre ha hecho un llamamiento a las administraciones y les ha pedido que colaboren para llevar a cabo un "plan de choque de vivienda social" que acabe con esta lacra.

Además, considera que la norma actual da pie a que las mafias se aprovechen de las familias vulnerables y hagan de la okupación un negocio. "Esta situación no es de recibo en una sociedad democrática". 

Alarma social

El incremento del fenómeno está provocando una situación de "alarma social", ha manifestado el presidente de la patronal, que ha detallado que, durante los primeros nueve meses de 2021, la okupación creció un 18% aproximadamente, llegando a 13.389 casos en toda España. De ellos, 5.689 --un 42%-- se dieron en Cataluña. 

Okupas ante el autodenominado Casal Popular Tres Lliris de Gracia, en Barcelona / CEDIDA

Okupas ante el autodenominado Casal Popular Tres Lliris de Gracia, en Barcelona / CEDIDA

Por su parte, Llagostera ha insistido en la importancia de que los desalojos se produzcan lo más rápido posible, teniendo en cuenta el coste económico que tiene para los propietarios. "Mientras no se lleve a cabo el desalojo, el propietario tiene que seguir pagando hipotecas, seguros, etcétera", ha expresado.También ha recordado que en Cataluña predominan las pequeñas y medianas empresas, quienes no están en condiciones de sufrir todavía más perjuicios económicos. 

Conflicto e incivismo

El presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña ha asegurado que la okupación comporta una afectación "exponencial" hacia el entorno. "Allí donde hay okupación, es un foco de conflicto e incivismo. No solo es el propietario quien sufre, sino que todo el entorno", añade. En este sentido, desde la patronal lamentan el "abandono de responsabilidades que hace la administración" y exigen actuar lo antes posible.

"Esta lacra tiene unas consecuencias". Entre ellas, la mala imagen que dan Cataluña y, en concreto, Barcelona: "No merecen esta imagen de incivismo, de inseguridad jurídica y de problemas de convivencia. Se está produciendo un efecto llamada a la delincuencia", avisan. 

Congreso de los Diputados / EP

Congreso de los Diputados / EP

Llamamiento a los partidos

Por último, han apelado a los partidos políticos con representación en el Congreso de los Diputados para que den su apoyo a la proposición de ley del Pdecat, que recoge un cambio legislativo para agilizar los desalojos.

Asimismo, tal y como han explicado Zeguí y Surroca, el documento propone no sólo echar a aquellas personas que "no presenten un título que les habilite para vivir en ese lugar", sino también dar más poder a los ayuntamientos y legitimar a las comunidades de propietarios.