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Juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a los exmiembros de la Mesa del Parlament / EUROPA PRESS

La fiscalía pide 20 meses de inhabilitación para los exmiembros de la Mesa del Parlament

El ministerio público mantiene su escrito de acusación por desobediencia grave durante la segunda sesión del juicio

3 min

La Fiscalía Superior de Cataluña ha mantenido su petición de condena de 20 meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros para los encausados en el juicio a la Mesa del Parlament.

Así lo ha indicado el fiscal Pedro Ariche en el trámite de conclusiones durante la segunda sesión del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que solo ha incluido algunas modificaciones en el redactado de los hechos en su escrito de acusación.

Delito continuado de desobediencia

Según el ministerio público, los acusados --Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y la exdiputada de la CUP Mireia Boya-- presuntamente incurrieron en un delito continuado de desobediencia grave cometido por autoridad pública del artículo 410.1 en relación con el artículo 74 del Código Penal.

Se produjo al "permitir la tramitación y facilitar la aprobación de resoluciones, leyes y normas jurídicas abiertamente inconstitucionales, a modo de cobertura normativa del nuevo Estado que sustituyera a la legalidad democrática vigente".

Desoyeron las advertencias

El fiscal considera que los miembros de la Mesa actuaron "plenamente conscientes de que incumplían su deber de inadmitir y paralizar aquellas actuaciones contrarias al orden constitucional, a pesar de las múltiples advertencias y requerimientos que les formuló el Tribunal Constitucional".

Así, según afirma textualmente, desoyendo las resoluciones dictadas por aquel órgano en las que se declaraba la nulidad y la inconstitucionalidad de las iniciativas de los grupos independentistas de JxSí y la CUP "votaron sistemáticamente a favor de la admisión".

"Actuaciones abiertamente inconstitucionales"

Según el fiscal, con su actuación permitieron que se impulsaran resoluciones parlamentarias y normas legales como las leyes de desconexión y las propuestas de resolución sobre la independencia "tendentes a crear el marco legal que sustentara la construcción de la república catalana".

Y lo hicieron "a sabiendas de que eran abiertamente inconstitucionales, de manera que dieran aparente cobertura jurídica al proceso de independencia diseñado y querido por todos los acusados".

Defensas y otras acusaciones

Las defensas de los cinco acusados han confirmado sus escritos en el trámite de conclusiones, en los que piden la libre absolución de los exdiputados al considerar que no desobedecieron los mandatos y decisiones del Tribunal Constitucional.

Por su parte, el abogado de Vox, Juan Cremades, ha confirmado que retiran la acusación por organización criminal, por el que pedían 12 años de cárcel para los exmiembros de la Mesa, y mantienen el del delito de desobediencia. Por su parte, la abogada del Estado, Beatriz Vizcaíno, ha mantenido su acusación por presunta desobediencia.