El independentismo quiere alzar el vuelo con el juicio a la Mesa del Parlament del 1-O

Un nuevo juicio, después de varias suspensiones por la pandemia del Covid. Los exmiembros de la Mesa del Parlament, Anna Simó (ERC); Ramona Barrufet, Lluís Corominas y Lluís Guinó (JxSí), y la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, están en el banquillo de los acusados en la mañana de este martes en el TSJC para ser juzgados por permitir las leyes de desconexión durante el mes de octubre de 2017. El juicio ha servido para que los partidos independentistas traten de calentar el ambiente, con una concentración de unas 200 personas, y para pedir que no se “criminalice” la libertad de expresión.

Los exmiembros de la Mesa están siendo juzgados por presunta desobediencia, por no escuchar al Tribunal Constitucional y tramitar resoluciones relacionadas con el proceso independentista. Se enfrentan a una petición de pena de un año y ocho meses de inhabilitación, además de una multa de 30.000 euros para cada uno.

"Causa general contra el independentismo"

Sin embargo, a acusación popular, representada por Vox, ha retirado la acusación de organización criminal para todos ellos. El abogado de Vox, Juan Cremades, ha señalado que retira la acusación, que comportaba una petición de 12 años de cárcel para los acusados, y mantiene la de presunta desobediencia.

Pese a todo, el independentismo ha hecho bandera del juicio, y el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha celebrado que la Mesa del Parlament, que dirigía como presidenta Carme Forcadell, no se convirtió en un “órgano censor”.

Según Torrent, existe “una causa general contra el independentismo”, al lamentar ese juicio a los exmiembros de la Mesa.