Los exconsejeros fugados estudian dejar el escaño para asegurar la mayoría independentista

Los cuatro exconsellers fugados que acompañan al expresidente Carles Puigdemont en Bruselas podrían verse obligados a renunciar a sus actas como diputados electos para asegurar la mayoría absoluta independentista en el nuevo Parlament, ante votaciones como la de constitución de la Mesa --prevista para el 17 de enero-- y la de investidura.

Según fuentes de las tres formaciones independentistas (JxCat, ERC y la CUP), en las conversaciones que llevan a cabo estos días con vistas a garantizar la mayoría independentista en el Parlament ya han empezado a explorar un posible escenario en el que los cuatro exconsejeros prófugos --Clara Ponsatí y Lluís Puig (JxCat) y Toni Comín y Meritxell Serret (ERC)-- no puedan votar en la cámara.

Sin contar a los dos líderes de JxCat y ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, respectivamente, que por razones de liderazgo y de ser posibles candidatos a la presidencia probablemente mantendrán sus escaños, también podrían verse obligados a renunciar a sus actas de diputados electos dos independentistas que se encuentran encarcelados: el exconsejero de Interior Joaquim Forn (JxCat) y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez (JxCat).

A la espera de las decisiones judiciales

En estos dos casos, sin embargo, existe la posibilidad de que ellos y Junqueras puedan obtener la libertad provisional en los próximos días o semanas, o también cabe la posibilidad de que obtuvieran un permiso penitenciario para participar en la sesión de constitución de la cámara y también en la de investidura.

Ambas posibilidades hacen que numéricamente pudieran conservar de momento sus escaños sin necesidad de poner en riesgo la mayoría absoluta independentista, integrada por 70 diputados: 34 de JxCat, 32 de ERC y 4 de la CUP.

Pero para asegurar los 68 votos que dan la mayoría absoluta en la cámara catalana, las fuentes consultadas apuntan a la posibilidad de que los cuatros exconsellers que están en Bruselas, huidos de la justicia española tras la declaración unilateral de independencia, puedan ceder sus actas de diputados y no perder así las votaciones.