La empresa pública de vivienda de Colau encalla en la justicia
El operador mixto Habitatge Metròpolis Barcelona, 'fulminado' a recursos judiciales después de que el AMB pague un sobreprecio de 110 millones
30 julio, 2021 00:00La empresa pública de Ada Colau en Barcelona ha terminado ante la justicia. Habitatge Metròpolis Barcelona (HMB), el operador público que busca socio privado para construir 4.500 pisos de alquiler en la Ciudad Condal y su conurbación, ha terminado en lío judicial.
Lo han explicado fuentes del sector, que han alertado de que la empresa público-privada adjudicó esta semana a Cevasa y Neinor el derecho a ser accionista privado en una sociedad mixta. Pero la operación no está completa, pues el segundo clasificado, Visoren, ha impugnado el fallo del concurso a la justicia. Lo ha hecho después de que HMB apueste por una oferta que tiene un sobreprecio para la Administración pública de 110 millones de euros y entre dudas sobre las puntuaciones que asignó la mesa de contratación.
Primer recurso
La secuencia del embrollo judicial ha sido la siguiente. Visoren comunicó al Área Metropolitana de Barcelona (AMB) que recurriría la resolución de la mesa de contratación de HMB que aprobaba fichar como socio privado a Cevasa-Neinor. La firma del inmobiliario lo notificó al Área y alertó de que había pedido medidas cautelares para suspender los acuerdos y, "en consecuencia, el procedimiento de licitación hasta que se dicte la correspondiente sentencia".
En su escrito, Visoren alertó de que la oferta de Cevasa-Neinor "supone un sobrecoste de 110 millones respecto a su oferta", "se basa en premisas contrarias al pliego de condiciones" y se sustenta en "suposiciones existentes al mismo". Todo ello hace la propuesta de las dos empresas al Área "manifiestamente insostenible".
El AMB adjudica
Pero es que el AMB hizo caso omiso a la búsqueda de amparo judicial de Visoren. El consejo de administración de HMB se reunió esta misma semana y resolvió la adjudicación del concurso a Cevasa-Neinor. La licitación, de hecho, ya aparece como finalizada en el portal de contratación del Área Metropolitana.
Ante ello, el aspirante que quedó como segundo mejor clasificado volvió a exigir al Área Metropolitana que detenga "de forma inmediata y por imperativo legal" la tramitación del procedimiento, al menos "hasta que el juzgado contencioso administrativo de Barcelona resuelva o no la adopción de medidas cautelares".
Visoren: "No pueden adjudicar"
En conversación con este medio, Ramon Ruiz, director general de Visoren, ha recordado que "la jurisprudencia es clara: una vez interpuesto un recurso contencioso con petición de adopción de medidas cautelares, no se debería adjudicar hasta que resuelvan los tribunales". No obstante, el AMB y HMB lo han hecho, "sin hacer caso a la petición de nueva valoración para tomar una posible nueva determinación".
Ello, un nuevo análisis de las ofertas, lo debería hacer la empresa mixta "porque la oferta de Cevasa y Neinor no se adapta a pliego de condiciones". Lo que es más, Ruiz subraya que la propuesta del privado "le costará al menos 110 millones de euros más a la Administración". Visoren insiste en que "jamás tuvo la voluntad de demorar el procedimiento", por eso impugnó la resolución de partida. Pero el Área Metropolitana no se dio por enterada.
Empresa mixta: trayectoria bronca
Acabe como acabe el lance judicial, lo cierto es que la trayectoria de la empresa pública de vivienda de Ada Colau en Barcelona es muy polémica. La primera edil de BComú rescató una idea del mandato anterior tras incumplir sus promesas en vivienda social en su primer mandato, de 2015 a 2019. Tras pinchar con la construcción de pisos sociales, Colau y su equipo lanzaron la idea de crear un operador público-privado metropolitano que salvara la papeleta en este campo. Una primera licitación, no obstante, quedó desierta.
El segundo concurso, el que ahora ha terminado en los tribunales, lo inició el AMB el pasado año. Pero estuvo a punto de descarrilar cuando este medio avanzó que Javier Burón, gerente de Vivienda de Barcelona, había sido socio de Habyco, una de las empresas que optaba a ganar el concurso junto a Construcciones Rubau. Tras aquel incidente el procedimiento se demoró, hasta ahora, cuando ha terminado ante la justicia entre acusaciones de anomalías.