Contundente respuesta al informe de la ONU sobre la "minoría política catalana"

La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB) ha denunciado ante los máximos representantes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU) la parcialidad del Informe elaborado sobre España por el Relator Especial para las Minorías, Fernand de Varennes, donde se califican a los catalanohablantes de "minoría política".

AEB ha enviado cartas a la Ata Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michele Bachelet, al representante de Europa en el Alto Comisionado y al propio Relator Especial. También ha remitido una carta al Ministerio de Asuntos Exteriores para que valore la exclusión de España de los exámenes relativos a las minorías.

El Informe del Relator Especial fue presentado ante el Consejo de Derechos Humanos durante el 43º período de sesiones celebrado entre el 24 de febrero y el 20 de marzo de 2020 en Ginebra. La AEB, a pesar de haber sido una de las organizaciones entrevistadas por Varennes en su visita a España en enero de 2019 "no tuvo conocimiento del Informe hasta su publicación oficial en la página web del organismo, ni tampoco tuvo la posibilidad de asistir y evaluar su contenido durante su presentación".

Los catalanohablantes, una "minoría política"

Aseguran que el Informe se sustenta en un concepto de minoría que "es propio del relator y no fundamentado ni en el Derecho internacional ni en el acuerdo de los Estados ni en el consenso doctrinal". La definición de minoría del eelator es la siguiente: “Una minoría étnica, religiosa o lingüística es cualquier grupo de personas que constituye menos de la mitad de la población del Estado y cuyos miembros comparten características comunes como cultura, religión o lengua o una combinación de cualquiera de estos. Una persona puede pertenecer a una minoría étnica, religiosa o lingüística sin ningún requisito de ciudadanía, residencia o reconocimiento oficial o ningún otro estatus”.

Partiendo de esta definición, Varennes considera que los catalanohablantes "debido a su lengua materna, son una identidad diferenciada y un grupo minoritario porque su número es menor a la mitad de la población del Estado". El informe, por tanto, les da el estatus de minoría política.

Sin tener en cuenta los derechos individuales

La AEB considera "equivocado adoptar posiciones que supongan identificar minorías políticas diferenciadas dentro de España en función de su lengua materna, ya que esta definición choca frontalmente con nuestra configuración como sociedad, en la que la identidad nacional es precisamente el resultado de todas las particularidades que conviven dentro de España".

El relator, añaden, "tan solo asume la perspectiva de la defensa de los derechos de las minorías y en ningún momento tiene en cuenta los derechos individuales de los que no forman parte de esas supuestas minorías". La AEB denuncia que esta posición es contraria al artículo 8.2. de la Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/135 del 18 de diciembre de 1992. En el mismo se afirma que "el ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración se entenderá sin perjuicio del disfrute por todas las personas de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos universalmente”.

Discriminación de los castellanohablantes

Durante su visita a España, y en la ronda de encuentros organizada por Varennes con representantes de la sociedad civil, la AEB mantuvo un encuentro de más de dos horas en enero de 2019 en Barcelona, donde presentó "numerosa documentación sobre la discriminación de los castellanohablantes en el modelo de inmersión lingüística obligatoria en catalán, que impide a estos alumnos poder estudiar en su lengua materna. Se ha de recordar que el modelo legal y reconocido por los tribunales es el de conjunción lingüística que sí que respeta los derechos de todos los alumnos, tanto catalanohablantes como castellanohablantes, a estudiar en su lengua materna".

"Ninguna de las quejas y denuncias de la AEB han sido incorporadas al Informe pese a la rotundidad y gravedad de los datos aportados, como el Informe sobre los proyectos lingüísticos de los centros públicos catalanes o el fracaso escolar de los alumnos castellanohablantes como consecuencia de la inmersión", denuncia la asociación.

Los argumentos del nacionalismo catalán

Sin embargo, el propio relator "que dice defender una educación basada en los principios de prohibición de la discriminación por motivos de idioma y de defensa de la educación en la lengua materna, niega a los castellanohablantes este derecho que solo contempla para las minorías. Incluso en sus recomendaciones viene a aconsejar que se restrinja el derecho a estudiar en español en una proporción razonable e invita a hacer reformas para ello".

AEB considera que el informe "asume acríticamente las posiciones de las entidades vinculadas al nacionalismo catalán y en ello puede que influyan las conocidas relaciones estables y fluidas que el Sr. Varennes mantiene con asociaciones y representantes del independentismo catalán. De hecho, las posiciones de los grupos nacionalistas están reflejadas en las valoraciones y recomendaciones del Informe tanto del ámbito lingüístico como político".

Petición al Ministerio de Exteriores

En las cartas remitidas, la AEB solicita la revisión del concepto de minoría en que se sustenta el Informe, la metodología seguida y el establecimiento de mecanismos que eviten que la protección de los derechos de minorías implique la vulneración de los derechos de los que no forman parte de esta minoría y que conviven en el mismo territorio y resultan discriminados de facto.

Por ello la AEB ha solicitado al Ministerio de Asuntos Exteriores que "en tanto no se proceda a esa revisión, España quede excluida de los exámenes relativos a las minorías que se realizan en el Consejo de Derchos Humanos de las Naciones Unidas, más si se tiene en cuenta la parcialidad del actual Relator Especial Sr. Fernand de Varennes y sus conexiones con los grupos nacionalistas catalanes que le invalidan para continuar en el cargo, por lo que se solicita también que España no apoye la renovación de su mandato".