El grupo de la ONU que elaboró un informe sesgado a favor de los presos 'indulta' a España

La batalla al independentismo se mantiene también en el mundo diplomático. Dos representantes de España han asistido al debate de este viernes en Ginebra en el que el grupo de expertos independiente de la ONU contra Detenciones Arbitrarias presentaba su informe de 2018 sobre las vulneraciones de los derechos humanos que se producen en distintos países.

En el informe de 2018 España no aparece entre los países analizados por el grupo de expertos. El informe dista del que presentaron en mayo en el que pedían la liberación inmediata de los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. Dicho análisis estaba lleno de lagunas y alguno de sus autores tenía incompatibilidad de intereses al haberse pronunciado a favor del Govern cesado de Carles Puigdemont. 

Un organismo "desacreditado"

En el evento de este viernes los Estados incluidos en el informe estaban invitados a participar para dar su opinión. España ha optado por no realizar ninguna intervención, ya que tampoco estaba en el listado. Y se muestran a la espera del que presenten como conclusión de 2019 (el informe controvertido solo abarca desde 24 de abril al 3 de mayo) para conocer cuál es su análisis definitivo y si vuelven a meter a España o la indultan como en 2018.

El contraste es evidente. Tras el informe de mayo en el que concluían que los independentistas encarcelados debían ser liberados, un representante español protestó en un plenario del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y aseguró que el órgano estaba "desacreditado".  

Cortina de humo

El informe, no vinculante, permitió a los secesionistas tapar la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos  (TEDH), que determina la ilegalidad del procés, y representó un fuerte varapalo para sus intereses. Posteriormente a la resolución de la justicia comunitaria, difundieron el trabajo de este grupo de expertos que exigía la liberación inmediata de Oriol Junqueras y los Jordis.

Este grupo de trabajo --que también cuestionó la condena al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en Reino Unido, y pidió una indemnización para cuatro miembros de un cártel de la droga mexicano detenidos-- se encarga de identificar y denunciar casos probados de detención arbitraria en el mundo.