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Bernat Solé, exalcalde de Agramunt por ERC y actual consejero de Acción Exterior de la Generalitat / ERC

El consejero de Acción Exterior, a juicio por desobediencia

Bernat Solé se sentará en el banquillo por poner a disposición del referéndum del 1-O locales municipales cuando era alcalde de Agramunt

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El consejero de Acción Exterior de la Generalitat, Bernat Solé (ERC), será juzgado por desobediencia por poner a disposición del referéndum del 1-O locales municipales cuando era alcalde de Agramunt (Lleida), según ha anunciado hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

La Sala Civil y Penal del TSJC ha decretado la apertura de juicio oral contra Solé, quien, en contra de la prohibición del Tribunal Constitucional (TC), dio cumplimiento a la ley del referéndum aprobada por el Parlament en 2017, que "preveía que los ayuntamientos pusieran a disposición de la Administración de la Generalitat los locales de titularidad municipal que habitualmente se utilizaran como centros de votación".

 

 

El conseller de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia, Bernat Solé, entrando en el TSJC / AGENCIA ATLAS

Decreto y participación activa en el referéndum

Solé, indica el auto del alto tribunal, "promulgó el Decret 281/2017 por el que otorgaba su pleno apoyo al referéndum de autodeterminación" en su calidad de alcalde de Agramunt, a pesar de que se notificó la resolución del TC. Asimismo, el 25 de septiembre de 2017, el edil intervino "en un acto organizado en el centre-casal de la localidad de la que era alcalde, inmueble de titularidad consistorial, en favor de la promoción celebración y participación en el referéndum cuya suspensión había sido acordada por el TC desde el 7 de septiembre".

El mismo domingo 1 de octubre, explica el TSJC, Solé acudió al Colegio Público Macià-Companys, de titularidad municipal, "cedido por el acusado para la celebración del referéndum", donde "tomó decisiones, como esconder las urnas por temor a que fueran descubiertas por los agentes de la autoridad, ocultándolas y volviéndolas a colocar en varias ocasiones, proponiendo, finalmente, a los componentes de las mesas y organizadores del referéndum que la votación acabara una hora antes de lo previsto".

Inhabilitación y multa

La juez instructora, Mercedes de Armas, no decreta ninguna medida cautelar para el acusado. La Fiscalía pide 18 meses de inhabilitación para ejercicio de cargo público y multa de 24.000 euros.