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La alcaldesa de Barcelona y presidenta del Área Metropolitana, Ada Colau, en una imagen de archivo / EFE

Colau fracasa en sus grandes municipalizaciones

La alcaldesa de Barcelona ‘pincha’ con la promesa de regresar a la gestión pública en los servicios del agua, funerarios y de limpieza urbana y recogida de basuras

Ignasi Jorro / Cristina Farrés
21.07.2018 00:00 h.
5 min

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha fracasado en sus intentos de recuperar la gestión pública de los principales servicios a los ciudadanos en la capital catalana, las llamadas municipalizaciones. La munícipe puso de relieve sin querer, ayer viernes 20 de julio, su impotencia para rescatar las contratas concesionales que tanto criticaba cuando practicaba el activismo: tuvo que congelar, de nuevo, la adjudicación de la limpieza urbana y la recogida de basuras por falta de apoyos políticos.

El revés a la primera edil de la segunda mayor ciudad española no es nuevo. En abril, el mes negro de las municipalizaciones de Colau, su partido, Barcelona en Comú (BComú), encajó dos derrotas en apenas 15 días de diferencia. El pleno rechazó la multiconsulta para preguntar sobre la recuperación de la gestión pública de la distribución de agua urbana el día 10. Antes de acabar el mes, los comunes trataron de llevar las bases del contrato de la recogida de residuos, sin éxito.

 “Presión sobre Janet Sanz”

Fuentes cercanas al Ayuntamiento han señalado que la retirada del orden del día de las bases del macrocontrato de las basuras --2.500 millones a 10 años-- complica, y mucho, la vida a Janet Sanz, teniente de alcalde de Urbanismo. “Colau le encargó solucionar el tema lejos de las elecciones para evitar debates sobre por qué no había remunicipalizado el servicio. Sanz no lo está consiguiendo”, concluyen.

Las mismas voces agregan que el equipo de gobierno local acusa la “incoherencia política” que supone cargar contra las “grandes empresas y lobbys” y, finalmente, adjudicar el mayor contrato por cuantía del Ayuntamiento a una gran firma. A este malestar se le unen el batacazo que sufrió BComú contra el actual adjudicatario del servicio, Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), a quien acusó de “fraude” por valor de 3,3 millones de euros y le multó con otros siete millones. La Fiscalía archivó la denuncia en enero.

Funeraria pública: Eloi Badia naufraga

Además de los residuos, los comunes intentaron entrar con un operador 100% público en otro campo donde funciona la colaboración público-privada: los servicios funerarios. El concejal de Presidencia, Eloi Badia, pergeñó la creación de una funeraria municipal low cost con el gestor de camposantos de la ciudad, Cementiris de Barcelona, como embrión.

La propuesta contemplaba la venta del 15% público de Serveis Funeraris de Barcelona (Sfb), la empresa participada por el ayuntamiento y Mémora. La iniciativa fue llevada a pleno en hasta cuatro ocasiones en 2016 y 2017, hasta que el propio Badia la dejó en un cajón, atribuyendo a la “cercanía electoral” su incapacidad de concitar consenso para dar forma a un operador funerario municipal.

El frente del agua

Que Barcelona tenga una gestora de agua pública ha sido uno de los grandes objetivos del mandato de los comuns. El consistorio ha destinado 385.000 euros en los dos últimos años a estudiar cómo se puede llevar a cabo esta intención política, aunque debe sortear un gran obstáculo.: actualmente, la gestión del agua es de titularidad metropolitana.

Como Colau también es la presidenta de la corporación supramunicipal que gestiona Barcelona y su ámbito de influencia, ha puesto en marcha varias iniciativas en este sentido en esta Administración. También con Badia al frente, con un éxito igualmente limitado. Además, en lo que llevamos de mandato ha evitado una votación sobre la necesidad de municipalizar el servicio. No está claro que obtuviera los apoyos políticos necesarios del consejo metropolitano para sacarla adelante. Ni siquiera de sus socios de legislatura, PSC y ERC.

Todo ello, en un momento en el que la concesión del operador mixto está pendiente de una resolución del Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anuló los acuerdos políticos que se habían tomado por su puesta en marcha. Se espera que la respuesta a los recursos de casación interpuestos lleguen o bien en el final del ejercicio en curso o en el inicio de 2019.

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