Colau da un contrato de 215.000 euros a un miembro de su partido

215.000 euros. El gobierno municipal de Barcelona, que capitanea la alcaldesa Ada Colau, ha concedido un lucrativo contrato a la cooperativa de Oriol Companyon, militante de Barcelona en Comú (BComú) del distrito Nou Barris. El activista pilota sin competencia alguna --ninguna firma más se presentó a la licitación-- el programa de "convivencia de vecinos con los pisos turísticos" con Ètic Hàbitat, la cooperativa que dirige.

Fuentes del sector turístico han arremetido con dureza contra la adjudicación. "Es increíble que se cree un programa de mediación de vecinos y propietarios de alquiler turístico, cuando ya hay visualizadores, inspectores y un teléfono especial de atención. Lo que es más inenarrable es que de dicho servicio se ocupe un miembro de Barcelona en Comú", han criticado. Se refieren a Oriol Companyon, director de Ètic Habitat SCCL, que aparece en prensa como portavoz de la empresa y que es miembro del partido de Ada Colau en Nou Barris. La cooperativa cazó la contrata de 215.380 euros con IVA en noviembre de 2018. Lo retendrá pase lo que pase en el pleno de investidura del sábado, ya que su ejecución es para un año.

Excusas del Ayuntamiento de Barcelona

Preguntado por la cuestión, el Ejecutivo local de BComú ha dado dos vagas respuestas a la pregunta de por qué el contrato de mediación con expediente 67/18 [ver aquí] se adjudicó a la cooperativa de Companyon. Una portavoz municipal se ha remitido al expediente de adjudicación, en el que se detallan las tareas que deberá realizar la empresa ganadora, y que se centran en "la creación de un servicio de mediación" para gestionar los "conflictos en el ámbito de la convivencia residencial con los turistas".

Oriol Companyon, en el equipo de BComú de Nou Barris / CG

En lo que respecta a la cercanía innegable de Companyon con el partido que le ha adjudicado el contrato desde el gobierno de Barcelona, documentada en varias páginas en internet que han sido borradas tras requerir este medio la información, el Ayuntamiento de Barcelona se ha remitido a las causas de exclusión establecidas en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público [ver aquí]. Dicho texto normativo fija en su artículo 71 que se prohíbe la contratación de empresas de cargos públicos "cónyuges, personas vinculadas con análoga relación de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, así como a parientes en segundo grado por cosanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los párrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del órgano de contratación o los titulares de los órganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar".

Equipo de Nou Barris

¿Qué dice Ètic Hàbitat de su conflicto (al menos ético) de interés? A preguntas de este medio, nada. En al menos dos ocasiones telefónicamente y por escrito Crónica Global ha contactado con la cooperativa para cerciorarse de si supone algún problema que un miembro de Barcelona en Comú reciba un contrato público por valor de 215.000 euros para un solo año de este partido. La enseña social, en la que también participa David Companyon, exdiputado de ICV-EUiA en el Parlamento catalán, ha preferido no aportar su versión pese a que su director flanquea a Jennifer Coronado y Juan José Medina, concejales de BComú del distrito de Nou Barris.

Sí han accedido a hablar fuentes del sector turístico. "Vemos dos cosas que chirrían. Por un lado, es evidente de que se trata de un caso de favoritismo. El contrato a Ètic Hàbitat pedía que la empresa tuviera a cuatro profesionales especializados en el objeto del contrato y que hubiera facturado 128.800 euros en trabajos análogos al objeto del contrato en los últimos tres años. Ello deja fuera a muchos otros competidores. Sin citar la participación del director de la cooperativa en Barcelona en Comú y sus alabanzas al partido en las redes sociales. Por el otro, es intolerable que bajo un contrato de mediación se esconda una auténtica caza y captura a los pisos turísticos legales. Que pagan su licencia y pasan infinidad de controles para operar. Creemos que es una venganza de Colau contra el sector tras perder en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) el derecho a expulsar una vivienda vacacional de una comunidad de propietarios en 2018".