El Gobierno cuela un gol a la Generalitat de Torra

El Gobierno español tenía la lección aprendida. Pedro Sánchez y la ministra de Administraciones Públicas, Meritxell Batet, han llegado a una conclusión: ante el Gobierno catalán tratarán de restar todos los “agravios” que puedan, los que consideren que son de recibo. Y con un proyecto propio para Cataluña, la Moncloa impulsará los proyectos que considere. Con esas premisas, se entiende que la reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat, celebrada este miércoles, fue un gol en la portería de la Generalitat del presidente Quim Torra, cuyo Govern no sabe ahora qué dirección tomar.

La reunión fue bien, según el Gobierno, y el Ejecutivo catalán no la desdeña, aunque necesite distanciarse y marcar líneas de separación. Durante más de tres horas se habló de forma clara y precisa de todos los puntos que se habían fijado. El guion se cumplió, y el buen tono se mantuvo todo el encuentro, presidido por el consejero Ernest Maragall y la ministra Batet, junto a la consejera de Presidencia, Elsa Artadi, que llevó la voz cantante en muchos momentos de la reunión.

Todo acordado 

Hasta 13 puntos había en el orden del día, con el objetivo, por parte del Gobierno, de fijar prioridades e iniciar un marco de colaboración. El Ejecutivo de Torra lo sabía. Estaba informado de que no se aceptaba una comisión para tratar el referéndum de autodeterminación, y de que tampoco estaba sobre la mesa negociar cómo la fiscal general del Estado, María José Segarra, podría rebajar, justo antes del juicio, la calificación penal de los delitos supuestamente cometidos por los políticos independentistas presos. Todo eso se sabía previamente, por lo que no se entiende que Maragall se refiera a ello tras la comisión bilateral.

Se trataron informes sobre la situación de los traspasos de funciones y servicios pendientes de formalizar; intercambio de información sobre asuntos pendientes en el ámbito de compromisos económicos y cuestiones fiscales, sobre inversión en infraestructuras, transporte y cumplimiento de la disposición adicional tercera del Estatut, y el Gobierno catalán pudo explicar sus consideraciones sobre la situación política, “en materia de derechos y libertades, y en relación con las vías de participación democrática de los ciudadanos catalanes en las decisiones sobre su futuro político”.

Esperando octubre

¿Pero qué sucede? El Gobierno de Quim Torra vive en una enorme duda. Quiere y no quiere, necesita iniciar un proceso de colaboración, pero se ve comprometido con el mundo independentista más radical que le exige que no baje la tensión, justo cuando llegan las conmemoraciones de otoño. Es lo que el mismo Maragall admitió, al señalar que la situación política evolucionará y ya se verá qué ocurre a partir de septiembre.

Para el Gobierno la situación es otra. Llega el breve parón de agosto, con las encuestas a favor, como ofreció el CIS este jueves, y con la convicción de que la oposición no puede reprocharle nada, con cuestiones tangibles, que haya podido poner en riesgo al Estado.

Sin espacio para la oposición

De forma nítida y precisa la ministra Batet constató que no tiene cabida un referéndum de autodeterminación, y de que en España hay separación de poderes, y que la justicia decidirá sobre los políticos presos.

Ahora bien, según las fuentes consultadas, el Gobierno mantendrá su plan para Cataluña, le guste o no al PP o a Ciudadanos. Y eso pasa por adoptar, por reparar, “las verdades” que acabaron escondidas durante el mandato de Mariano Rajoy: leyes paralizadas, inversiones, recursos en el Constitucional o una mejor coordinación en distintos ámbitos sectoriales. Con la exigencia, eso sí, de que la Generalitat esté presente en los órganos multilaterales, junto con el resto de autonomías.