Una asociación recoge firmas para defender el español en Cataluña y otras comunidades

La asociación Hablamos español iniciará una recogida de firmas por toda España para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en favor de la Libertad de Elección de Lengua, al entender que en la actualidad "se vulneran sistemáticamente los derechos lingüísticos de los hispanohablantes" en las comunidades autónomas con lenguas cooficiales.

"El próximo 8 de septiembre representantes de las delegaciones de 'Hablamos español' saldrán a la calle. Se instalarán mesas en las capitales de provincia o en los lugares más emblemáticos. Por ejemplo, en Asturias, dado que coincide con la celebración del día de la Virgen de Covadonga, las delegaciones de Oviedo, Gijón, y Avilés coincidirán en Cangas de Onís", ha informado la asociación en un comunicado.

Hablamos español surgió como fruto de la unión de diversas asociaciones de todas las comunidades autónomas con lengua cooficial para protestar contra lo que consideran una "discriminación lingüística".

Centrada en la enseñanza

La iniciativa popular impulsada por esta asociación, que recibió el visto bueno del Congreso y del Senado en 2017 para iniciar una recogida de firmas, contiene un total de ocho artículos en los que trata de garantizar la igualdad entre las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas con esta condición.

Se centra especialmente en la enseñanza, ámbito en el que les reconoce a los padres el derecho a elegir la lengua vehicular en la que estudian sus hijos hasta su mayoría de edad. Asimismo, la ley propone una exención --en la asignatura del idioma-- de tres años, a partir de sexto de Primaria, en la calificación a los alumnos trasladados a una comunidad autónoma con una lengua que no se habla en su lugar de residencia.

Detalles de la exención

Esta exención, que también se aplica en la ley en Bachillerato aunque se haya contado ya con una exención, no exime a los alumnos de ir a clase, en su caso de catalán, euskera o gallego, para que vayan asimilando el idioma de su nueva comunidad de residencia. En el caso de no asistir a las clases, los alumnos perderían esta ventaja y deberían examinarse.

En las pruebas de acceso a la universidad, el alumno tendrá derecho a escoger en qué idioma recibe las preguntas de cada examen y a contestarlas en la lengua que desee --siempre que sea una de las lenguas oficiales de la autonomía en la que se examina--.

Lenguas en el espacio público

En la propuesta de Hablamos español se asume que para que un grupo de alumnos pueda recibir clase en el idioma deseado debe haber una demanda mínima que nunca puede ser inferior a los 25 alumnos. Es decir, si en un municipio hay 25 alumnos que solicitan estudiar en castellano, la administración pública debe asegurarles que así sea. En cualquier caso, si no se alcanza la demanda mínima, el alumno podrá emplear material pedagógico en aquella lengua oficial que prefiera, así como dirigirse al profesor en ella y examinarse también en dicho idioma.

En cuanto al uso de la lengua en el espacio público, la asociación sugiere que las señalizaciones, informaciones, impresos, formularios y folletos dependientes de los poderes públicos se encuentren siempre, por separado o en formato bilingüe, en todas las lenguas oficiales de la comunidad.

Información pública

También abogan porque los ciudadanos tengan el derecho a dirigirse en la lengua que deseen a los empleados públicos y a ser interpelados en esa misma lengua. De esta manera, en el caso de una consulta online, por ejemplo, si es el ciudadano el que inicia la conversación, la administración le contestará al menos en el idioma de la consulta; por el contrario, si envía un correo un miembro de la administración, deberá hacerlo en las dos lenguas cooficiales para garantizar la comprensión y libertad de respuesta del ciudadano que recibe la comunicación.

Por otro lado, defienden la obligatoriedad de que los informes o certificaciones enviados a destinatarios de otra comunidad autónoma estén redactados al menos en castellano. Asimismo, los empleados públicos que sepan hablar castellano no tendrán la obligación de hablar la otra lengua cooficial --salvo en casos en los que "lo requiera la naturaleza del puesto de trabajo"-- y será la administración la que distribuya sus recursos para poder atender en cualquier idioma oficial.

Subvenciones a la lengua

Como norma general, no se podrá condicionar el uso de determinada lengua a la percepción de subvenciones. Sí podrá recibir una determinada lengua subvenciones en el ámbito artístico y cultural, siempre que las obras de arte en la otra lengua oficial autonómica reciban al menos un tercio de la asignación que se le da a la primera.

Por último, los topónimos serán oficiales en las distintas lenguas existentes en la comunidad.

'Hablamos español' dispone de 56 delegaciones en la actualidad, repartidas por todo el territorio nacional, en las que se pondrán mesas a disposición de la ciudadanía el próximo 8 de septiembre para apoyar esta ley.