Aragonès practica el procesismo dentro de la ley para resistir en política

La crisis institucional generada por el caso Pegasus, esto es, el enfrentamiento entre Gobierno y Generalitat por los seguimientos efectuados a dirigentes independentistas, ha demostrado de nuevo que el procesismo de Pere Aragonès ha quedado relegado a las formas, a un discurso identitario que no cruza la línea del desafío legal.

Dicho de otra manera, el presidente republicano va a seguir practicando el victimismo, pero sin caer en los errores de sus predecesores. Y, para ello, se ha dotado de un nuevo equipo de abogados expertos en contratación y Derecho constitucional que le van a facilitar mucho las cosas.

También allana ese camino de la distensión la descomposición precongresual en la que se encuentran sus socios de Junts per Catalunya (JxCat). La renuncia de Carles Puigdemont, Jordi Sànchez y Elsa Artadi preconiza un desesperado regreso a la antigua CDC. Porque, a diferencia de ERC, que practica una geometría variable en materia de pactos, los neoconvergentes han visto cómo la estrategia de confrontación limitaba sus alianzas.

Mercè Corretja, nueva directora del gabinete jurídico de la Generalitat, declaró en el juicio del 1-O

Aragonès culminó la semana pasada la renovación de su gabinete jurídico, heredado de Puigdemont. Al frente del mismo estará Mercè Corretja, que hasta ahora había ocupado el cargo de directora general de Derechos y Asuntos Constitucionales. Anteriormente fue directora general de Contratación Pública.

Esta jurista sustituye a Francesc Esteve --hijo del expresidente de la Diputación de Barcelona, Salvador Esteve (CDC), que se incorpora al Consejo de Garantías Estatutarias-- y a diferencia de éste, acredita una larga trayectoria jurídica. “Aragonès ha sido hábil al poner a Corretja. Es una abogada de la Generalitat que conoce el medio, experta en contratación pública, lo que le ahorrará no pocos problemas”, explican fuentes jurídicas, quienes subrayan la "limpieza" que ha hecho el president de todos los letrados afines a Convergència que estuvieron en ese gabinete durante los momentos más convulsos del procés.

Recuerdan que esta letrada, próxima a ERC, está especializada en derecho público y en 2001 se incorporó al Instituto de Estudios Autonómicos, donde colaboró con el profesor Carles Viver i Pi-Sunyer en el proceso de elaboración y aprobación del Estatut. Durante esta etapa, se especializó en Derecho constitucional y en organización territorial del poder. De hecho, cuando Aragonès asumió la presidencia de la Generalitat hace un año, destituyó a la directora de área constitucional, Dolors Feliu, y la sustituyó por Mercè Corretja. Feliu es candidata a la presidencia de la Assemblea Nacional Catalana (ANC).

Los dos equipos negociadores de la mesa de diálogo entre Gobierno y Generalitat / GENCAT

Aseguran quienes la conocen que la nueva jefa de los abogados de la Generalitat tiene carácter y capacidad para evitar que “a Aragonés le pase lo mismo que a Carme Forcadell. Unos abogados independientes del Parlament le hicieron unos dictámenes que aprovechó la Fiscalía para procesarla”.

Desde junio de 2021, Corretja dirige las negociaciones con el Estado previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, así como el asesoramiento al Govern en derecho constitucional y la representación y defensa de la Generalitat ante el Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Un bagaje jurídico al que se le añade experiencia en el campo de los derechos lingüísticos, que será clave en el resto de mandato de Aragonès. La mesa de diálogo Gobierno-Generalitat, ahora bloqueada por la guerra en Ucrania, requerirá analizar los límites de la Constitución.

Conflicto lingüístico

Asimismo, el decreto que prepara la Generalitat para dar respuesta a la aplicación de la sentencia que ordena impartir al menos un 25% de horas lectivas en castellano en el sistema educativo exigirá también un trabajo jurídico en el que Mercè Corretja --contraria a ese tipo de cuotas-- también es experta.

El posible regreso de Puigdemont, así como el pulso independentista que, sea por convicción, sea por tacticismo, mantenga ERC tanto a nivel del Govern como en el Parlament, obligaba a Aragonès a dotarse de un equipo de letrados de máxima confianza.