El 'exnúmero dos' de Trias acepta dos años de cárcel por corrupción
Antoni Vives, delfín del exalcalde en el Ayuntamiento de Barcelona, admite una condena por colocar a un cargo de Convergencia y no entrará en prisión
27 enero, 2021 11:04Antoni Vives ha aceptado una condena mínima de dos años de cárcel y la misma pena de inhabilitación por colocar a un alcalde de CiU en la agencia de planeamiento Barcelona Regional. El exconcejal en la capital catalana, que fue el protegido del alcalde Xavier Trias (2011-2015), no entrará en prisión al haber conmutado su castigo por seis meses de trabajos comunitarios.
Como avanzó El Periódico en su momento, la defensa legal de Vives, que llevaba el bufete Entrena Abogados, ha pactado con la Fiscalía una pena menor por el enchufe del exalcalde de Unió de Cervelló, Jesús Arévalo. Barcelona Regional contrató al primer edil por trabajos que jamás tuvieron lugar. Por el camino se dilapidaron 155.067 euros que Vives deberá reembolsar al erario público, como avanzó este medio.
Pacto con Fiscalía
De este modo, Vives acepta una condena menor por un asunto judicial que se puso cuesta arriba para el que fuera delfín de Xavier Trias y concejal plenipotenciario de Urbanismo en Barcelona.
Fiscalía pidió inicialmente cinco años de privación de libertad para el electo, ya que consideró, como ha hecho el Tribunal de Cuentas que le ha condenado, que Vives jugó un rol directo en la contratación fraudulenta de Arévalo para Barcelona Regional. El ministerio público le acusaba de un delito de falsedad documental, en concurso con prevaricación y malversación.
Trias le defendió y vio "una campaña de desprestigio"
La condena a Antoni Vives es la primera que encaja un cargo de CiU relacionada con la etapa de Trias al frente del consistorio barcelonés. Cabe recordar que el exalcalde le defendió en varias ocasiones. En 2016, el ex primer edil detectó una "campaña de desprestigio" contra su teniente de alcalde de Urbanismo.
El revés judicial menor que ha encajado Vives podría ser el primero, si la justicia lo considera así. El exelecto convergente también está imputado en el llamado caso 3%, en el que se investigan presuntas mordidas de constructoras a CiU a cambio de adjudicación de obra pública en Cataluña.