Los pescadores utilizan distintas técnicas para sus capturas, en función del pescado que buscan, de las condiciones del mar, la época del año, incluso de las leyes de cada país. Desde el arrastre a las nasas, pasando por el curricán, el palangre, las poteras, y los cien mil estilos de la pesca con caña.
En el mundo de la justicia ocurre algo semejante. Los instructores, tanto jueces como fiscales, utilizan métodos diferentes para lograr sus fines. Uno de ellos es lo que en su día se definió como alarma social, un concepto que ya no sirve porque todos estamos curados de espantos, pero con un fondo que mantiene su vigencia.
Difundir hechos comprobados y las sospechas sobre la conducta de los investigados es una forma de castigo, sobre todo si se acompaña de detenciones y pena de Telediario. De alguna manera, consolida la propia instrucción y redacta un borrador de lo que será la sentencia.
En el mundo de la política y del activismo que usa TV3 y los medios catalanes concertados se han generado los anticuerpos contra esa técnica judicial. Si el personaje es un enemigo --un guardia civil, un ministro o exministro del Gobierno central--, toda la credibilidad para la policía judicial, el fiscal y el juez. Si es amigo --un exalcalde nacionalista de Barcelona, un expresidente de la Generalitat o un cerebro en la sombra del procés--, todo el esfuerzo para desacreditar al juez, la instrucción y la policía, en especial si es la Guardia Civil.
Es posible que la instrucción del juez Joaquín Aguirre no logre demostrar la malversación de fondos públicos por parte de la llamada trama civil del 1-O, ese estado mayor del procés. Como también es posible que la justicia no consiga condenar a los hijos de Jordi Pujol por todos los casos en que usaron métodos fraudulentos para amasar su fortuna.
Pero lo que desde el primer momento ha quedado patente es que tres de los cerebros en la sombra del procés --Oriol Soler, David Madí y Xavier Vendrell-- se hacen ricos con dinero que sale de la Generalitat y tratan de intermediar en todo tipo de actividades, incluso en la lucha contra el coronavirus.
En realidad, lo importante del sumario de la operación Voloh que vamos conociendo es que el estado mayor del procés usa los mismos métodos del 3% y de la familia Pujol para enriquecerse, y quizá para desviar parte de esos beneficios a la causa. Los personajes que han presumido en público, como ha hecho el propio Soler, de participar de forma desinteresada en la liberación de Cataluña, de trabajar para que los catalanes puedan decidir, ahora se ven retratados como lo que realmente son: traficantes de influencias gracias a su paso por la Administración y aledaños.
Con el 3% se nutrían los bolsillos de la familia del expresident y la maquinaria convergente. Los registros telefónicos ordenados por Aguirre apuntan los negocios con los que el estado mayor del procés se enriquecía y con los que presuntamente financiaba las movilizaciones, que contra la doctrina oficial no nacen de forma espontánea de abajo arriba, como se dice de Tsunami Democràtic, sino que están dirigidas y financiadas desde las instituciones controladas por independentistas.
Los vínculos entre estas élites, los partidos y las movilizaciones espontáneas son tan directos que en el momento en que surgen las desavenencias entre ambos se produce la crisis y se desmoronan. Como la ANC y el Tsunami Democràtic.
