El Tribunal de Cuentas condena a Antoni Vives por el 'caso Barcelona Regional'

Así lo recoge la sentencia 7/2020 del Tribunal de Cuentas, que fue emitida por el fiscalizador del gasto público a finales del pasado año. Según la resolución, el tribunal estima de forma parcial la demanda interpuesta por el Ayuntamiento de Barcelona y condena a Vives y Müller a devolver 155.057,59 euros más intereses al organismo público. Por contra, los ponentes desestiman las demandas de la propia Barcelona Regional y de la Fiscalía. 

Dos fichajes fantasma

Los dos cargos, concejal y directivo, deberán resarcir a Barcelona Regional al ser considerados "contables directos" del menoscabo citado con anterioridad. La cifra emana del cálculo de los importes pagados por la agencia de urbanismo a Antoni Miguel Cerveró, exbatería del grupo Los Sirex, y a Jesús Arévalo, exalcalde de Cervelló (Barcelona). En ambos casos, el ente los contrató por "servicios que no fueron prestados", concluye el controller del gasto público. 

Se da la circunstancia de que tanto Cerveró como Arévalo habían sido cargos de CiU o aún ejercían cuando fueron fichados. El primero había sido concejal en el Ayuntamiento de Barcelona y el segundo era primer edil de su municipio por la coalición convergente. Pese a su marcado perfil político, Vives y Müller se hicieron con los servicios de los dos profesionales en enero de 2012 y julio de 2014, respectivamente. 

Los trabajadores no les vieron

El fallo precisa que Barcelona Regional contrató a Arévalo en 2012 para un proyecto de asistencia técnica al proyecto urbano y metropolitano de dispersión de contaminantes. Estuvo en nómina del planificador del urbanismo metropolitano hasta mayo de 2015. Cobró por ello 155.067,59 euros. No obstante, los responsables del encargo de BR confirmaron al Tribunal de Cuentas que el exalcalde de Cervelló "no trabajó ni colaboró en ese proyecto urbano". 

Por su parte, Cerveró, expolítico y exmúsico conocido como Leslie, firmó en julio de 2014 con Barcelona Regional. Su labor debía ser la de asesorar en el plan de usos de las playas de Barcelona. Estuvo dos años en ese proyecto y se embolsó 59.544,83 euros.  El director de proyectos de ingeniería de Barcelona Regional declaró como testigo que en aquella época no había plan de usos de playas en Barcelona y que Cerveró no participó en ningún proyecto vinculado al litoral. 

Vives intermedió en los fichajes de CiU

El Tribunal de Cuentas pone negro sobre blanco la participación de Vives en los contratos ficticios de CiU en Barcelona Regional. Según el fallo, el exteniente de alcalde de Hàbitat Urbà "ejercía de manera efectiva un control de la gestión de BR". 

El delfín de Xavier Trias en el Ayuntamiento de Barcelona no solo tenía mano en la agencia de planificación urbana, sino que intermedió para que el ente fichara a expolíticos de CiU. "Con referencia concreta a la contratación de don JAB [Jesús Arévalo], ha quedado probado que dicho contrato fue realizado por iniciativa del Sr. VT [Antoni Vives]", avisa el fiscalizador. Vives avaló la incorporación de su compañero de partido "pese a que tenía pleno conocimiento tanto en el momento de la firma del contrato como en los años que estuvo vigente el mismo, de que el Sr. A [Arévalo] no prestó servicio alguno para BR ni para ninguna de las entidades de las que BR era instrumento". 

Pendientes de Fiscalía

La condena del Tribunal de Cuentas contra Antoni Vives discurre paralela al proceso penal abierto contra él por el mismo caso. Fiscalía avanzó en febrero de 2020 que le pedía cinco años de cárcel por un delito de falsedad documental en concurso con prevaricación y malversación. En el procedimiento penal figura también Willy Müller, sentenciado ahora por el fiscalizador del gasto público. 

La petición del ministerio público, que avanzó El Periódico, no significa que Vives vaya a entrar en prisión. De hecho, la defensa del exconcejal preparaba un pacto con Fiscalía a cambio de aceptar dos años de prisión --que no conllevan ingreso en la cárcel-- y el pago de una multa de 60.000 euros. El fallo del Tribunal de Cuentas es pues una condena previa a la resolución de la causa judicial que el político aún tiene abierta. No es la única. El exnúmero dos del ayuntamiento está imputado en el caso 3% en el que se investigan presuntas mordidas de CDC a cambio de concesiones de obra pública en Cataluña.