Los afectados de la Renta Garantizada demandarán a la Generalitat

Ante la reiterada negativa de la Generalitat a informar sobre la gestión de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), los impulsores de esta ayuda han decidido presentar una demanda judicial. Según la cifras que maneja la Comisión Promotora, la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales rechaza el 80% de las peticiones, lo que obliga a estas personas, en situación de pobreza severa, a presentar recursos contenciosos. El descontrol existente en la tramitación de esta ayuda, una antigua reivindicación que el Govern presentó como su proyecto social estrella en la anterior legislatura, ha dado lugar a diversas movilizaciones bajo el lema “La pobreza mata”.

Reunión con el equipo de abogados

El pasado miércoles, la Comisión Promotora Renta Garantizada de Ciudanía mantuvo una reunión en la que se rindieron cuentas de las últimas acciones llevadas a cabo para denunciar los incumplimientos que la Generalitat. Los impulsores de esta ayuda acordaron un encuentro con el equipo de abogados para presentar una demanda por vulneración de la ley de transparencia el próximo 2 de diciembre.

Portavoz de la Comisión Promotora de la ILP por una Renta Garantizada Ciudadana, Diosdado Toledano

Tal como publicó Crónica Global, esta Comisión ha pedido en reiteradas ocasiones a la Dirección General de Economía Social información sobre el porcentaje de demandas de la Renta denegadas así como de los motivos. Y a pesar de que la propia Generalitat ha reconocido esta omisión del deber de informar a través de la Comisión de Garantía del Derecho a la Información pública (GAIP)  el departamento responsable mantiene su opacidad. En concreto, denuncian que la resolución de la DGES a la solicitud de información pública registrada el pasado 26 de agosto, sigue sin dar respuesta a los puntos planteados.

Reglamento con retraso y cambios legales

Por ello, en paralelo a los preparativos de esa demanda judicial, la plataforma presentará una nueva reclamación a la GAIP.

La Generalitat alega que la aprobación del reglamento de la ley de la RGC, previsto para principios de 2020 –lleva un retraso de más de dos años--, contribuirá a solucionar el problema.

Asimismo, la Comisión Promotora ha acordado trasladar a los grupos parlamentarios de Ciudadanos, PSC, Catalunya en Comú-Podem y CUP la propuesta de redactado de enmienda de lectura única con la incorporación de las precisiones planteadas.

En septiembre, esos grupos presentaron proposición de modificación de la ley de la RGC en lectura única --trámite de urgencia-- para que personas que solicitan la RGC no estén obligadas a acreditar seis meses de insuficiencia económica, sino dos, y que el hecho de recibir ayudas económicas o alimentarias por parte de familiares o amigos no suponga tampoco un obstáculo. ERC, Junts per Catalunya y PP se desmarcaron de esta iniciativa conjunta, que puede leerse en este enlace.