La AEB lleva las pruebas de selectividad al TSJC por discriminar a los castellanohablantes

La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) las pruebas de selectividad --que afrontan 40.000 alumnos catalanes entre el 8 y el 11 de junio-- por considerar que el reparto prioritario de los exámenes en catalán es contrario al principio de no discriminación y al derecho a la educación.

Como cada año, el Consejo Interuniversitario de Cataluña (dependiente del Departamento de Investigación y Universidades) dictó el miércoles pasado unas instrucciones destinadas a los miembros de los tribunales de selectividad indicándoles que deben repartir los ejercicios en catalán y, solo en el caso de que algún alumno lo solicite, podrán entregarle el ejemplar del examen en castellano.

Medidas cautelarísimas

La AEB considera que la instrucción vulnera el derecho a la no discriminación (artículo 14 de la Constitución) y el derecho a la educación (artículo 27), por lo que ha interpuesto un recurso contencioso administrativo de amparo de los derechos fundamentales solicitando la nulidad de esta instrucción ante la sala de lo contencioso administrativo del TSJC. Y recuerda que la normativa general y los tribunales --en reiteradas sentencias-- establecen que las lenguas oficiales son vehiculares sin que se pueda otorgar un "carácter preferente" a ninguna de ellas y que los alumnos tienen derecho a elegir el idioma oficial en el que desarrollar las pruebas.

Además, la AEB ha pedido la aplicación de medidas cautelarísimas, debido a que las pruebas de selectividad empiezan el próximo martes 8 de junio, de cara a que se adopten las medidas necesarias para que los miembros de los tribunales de las PAU repartan a los alumnos los enunciados del examen en catalán o en castellano o en aranés según la elección del estudiante y en el mismo momento, "dado que, en ocasiones, en el aula solo se dispone del examen en catalán".

Artimaña para no usar el español

En caso de que las medidas cautelares solicitadas fueran aceptadas, sería la primera vez, en los últimos años, en que los catalanes que quieran realizar su ejercicio en castellano o en aranés podrán desarrollar las pruebas en esos idiomas desde el principio, sin necesidad de pedirlo expresamente y "en las mismas condiciones que los alumnos que quieran realizar la prueba en catalán".

Según la AEB, la desinformación sobre la posibilidad de escoger el examen en cualquiera de las estas lenguas, la necesaria petición expresa y la contabilización del número de exámenes entregado en español tienen como objetivo "obstaculizar" que el alumno elija esta lengua para responder y es "una clara discriminación por razón de lengua" que responde a "razones identitarias" y que "perjudica claramente a los estudiantes que quieran desarrollar los ejercicios en castellano o en aranés".