La discriminación de los castellanohablantes en la selectividad, un agravio que viene de lejos

Los exámenes de selectividad que se han realizado esta semana han generado una nueva polémica en Cataluña. Varias entidades en defensa del bilingüismo han denunciado que la Generalitat esconde las pruebas en castellano y solo ofrece los enunciados en catalán, ocultando también a los alumnos que tienen derecho a pedir --además de a responder-- los enunciados en español.

Las instrucciones del Consejo Interuniversitario de Cataluña --dependiente de la Generalitat-- a los examinadores son muy claras: “Repartir primero los enunciados de examen en catalán y, solo si algún alumno lo pide, darle la versión en castellano y recuperar la versión en catalán. Hacerlo constar en el informe”. Esto último también ha sido motivo de queja, pues la indicación del número de exámenes solicitados en español se de debe hacer constar en la zona del informe en la que se recogen las “incidencias”.

Instrucciones del Consejo Interuniversitario de Cataluña a los examinadores de las pruebas de selectividad de 2019

Trato discriminatorio

Organizaciones como la Asociación por una Escuela Bilingüe (AEB) e Impulso Ciudadano han puesto el grito en el cielo por considerar que ocultar a los alumnos su derecho a recibir los exámenes en español es discriminatorio hacia los castellanohablantes. Según estas entidades, las pruebas deberían ofrecerse por defecto en catalán y castellano --además de en aranés en el Valle de Arán--, como lenguas oficiales que son.

También critican que los tribunales examinadores de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) --denominación oficial de la selectividad-- tomen nota de cuántos exámenes en castellano se han repartido porque, al esconder a los alumnos que tienen ese derecho, las peticiones son muy pocas y la Generalitat utiliza este dato para argumentar que la demanda en esa lengua es mínima. Y, en todo caso, tildan de inaceptable que la solicitudes de enunciados en español tenga la consideración de una incidencia.

Informe de una prueba de selectividad de 2019: el número de exámenes en castellano aparece junto a las incidencias

Sentencia del TSJC en el año 2000

Sin embargo, esta situación no es nueva. De hecho se repite año tras año desde hace varias décadas e incluso la justicia ha intervenido, aunque sin lograr corregir esta anomalía. En el año 2000, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) determinó que esta práctica --la de facilitar los exámenes de selectividad en español únicamente en caso de que los estudiantes lo pidieran-- era discriminatoria y colocaba a los alumnos castellanohablantes en una situación de “inferioridad” ante una prueba de vital importancia para su futuro académico pues les obligaba a “superar una dificultad añadida”. “Una cosa es que la Universidad garantice y fomente el uso de la lengua catalana y otra muy distinta que imponga un uso de la lengua catalana en su actividad de tal manera que por las condiciones en que se realice llegue a excluir o limitar en el ejercicio de su actividad el uso de la lengua castellana, como ha sucedido”, señaló la sentencia.

Aunque el TSJC se pronunció de forma contundente contra la normativa de la Generalitat, no la anuló porque ese no era el fondo de la causa que juzgó. La sentencia respondía a un contencioso iniciado por una profesora de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, Josefina Albert, que había sido sancionada y excluida como examinadora porque dos años antes --en 1998-- entregó enunciados en castellano durante las pruebas de selectividad. El tribunal avaló la actuación de la profesora, consideró que esta había sido represaliada injustamente por la Generalitat y arremetió contra el procedimiento de gestión de los exámenes, pero este ha seguido aplicándose hasta la actualidad.

“Miedo” e “intimidación”

El presidente del sindicato AMES, Antonio Jimeno, recuerda su experiencia en este ámbito. Jimeno, catedrático de biología y geología, fue durante muchos años corrector de exámenes de biología en selectividad. Explica a Crónica Global que en los años 90 se preguntaba a los alumnos en qué idioma preferían recibir los enunciados pero llegó un momento en el que “solo apareció una caja con exámenes en catalán y un sobre con exámenes en castellano”. Al pedir explicaciones de que había muy pocos en esta lengua, los responsables le contestaron que era porque no los pedían. Pero Jimeno siguió ofreciendo ambas opciones y se encontró con que faltaban exámenes en castellano, lo que le obligó a hacer fotocopias de estos. Aquello le costó un apercibimiento del presidente del tribunal y nunca más volvieron a llamarle para ejercer como corrector de exámenes de selectividad. “Tampoco volvieron a llamar a otros compañeros que se quejaron por lo mismo”, añade.

Jimeno considera que esta práctica es una estrategia de la Generalitat para “ir forzando” a los estudiantes a que no pidan los exámenes en castellano. “Póngase en el papel del alumno: está nervioso, se juega en qué facultad entrar. ¿Cómo va a hacer el examen? Pues en aquella lengua que parece que coincide más con el tribunal. Y como aquí los correctores hablan en catalán y dan el examen en catalán salvo que proteste, se preguntan: ¿Me valorará lo mismo si lo hago en castellano que en catalán, o será menos generoso?”, explica. El profesor asegura que “hay un miedo implícito” porque “legalmente puedes hacerlo pero, a lo mejor, no es prudente”. “Hay una intimidación”, concluye.

“Desmarcarse” delante de toda la clase

La presidenta de la AEB, Ana Losada, denuncia que los profesores que coordinan las pruebas de selectividad reciben órdenes explícitas de no entregar exámenes en castellano si no lo piden los alumnos y de “no avisar en ningún caso” de que pueden solicitarlo.

Para Losada destaca la “presión” que supone para un estudiante que se enfrenta a una prueba como la selectividad el hecho de “tener que levantar la mano en mitad de una clase de 50 o 60 alumnos y desmarcarse como demandante de examen en castellano”. La entidad ha denunciado esta situación ante el Defensor del Pueblo.

“Construcción de la identidad nacional”

Para el presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo, “el modelo de selectividad en Cataluña es claramente discriminatorio para con los alumnos castellanohablantes”. “Es un instrumento más de construcción de la identidad nacional el hecho de que se utilice el catalán como lengua prácticamente única en las PAU, y en ello también influye el hecho de que los institutos empleen exclusivamente el catalán también en la preparación de las pruebas de selectividad”, añade.

“El ministerio y el consejo de rectores deben tomar cartas en el asunto y la prueba de selectividad única a nivel nacional es un instrumento idóneo para ello, además de la libre disposición de ejemplares en cualquiera de las lenguas oficiales”, plantea.

Solo un 5% lo pide en español

La Secretaría de Universidades e Investigación de la Generalitat --adscrita a la Consejería de Empresa y Conocimiento y responsable de las PAU-- rechaza que haya ningún tipo de discriminación lingüística en el procedimiento utilizado en las pruebas de selectividad y apela a “cuestiones operativas” al ser interpelada por este medio sobre el motivo por el que los profesores deben indicar en sus informes el número de exámenes solicitados en castellano. “Los datos que se obtienen sirven para hacer una proyección con finalidades prácticas: asegurar siempre el número necesario de ejemplares disponibles”, señalan.

Además, aseguran que no realizan una estadística al respecto porque “muchos tribunales no la hacen constar” y “no se considera prioritaria”. Sin embargo, indican que de forma trienal sí realizan “un estudio de las lenguas utilizadas por los alumnos” y que el último de estos informes apunta que solo un 5% del total de los estudiantes utilizaron el español en las pruebas de selectividad.