"Antes y después": los 'espías del catalán' demuestran que su presión elimina el castellano de los comercios

Plataforma per la Llengua presume de que sus campañas de hostigamiento a comercios que tienen su rotulación en castellano surten efecto. Tanto, que ahora lo demuestran con imágenes. La entidad ultranacionalista acaba de poner en marcha la campaña "Bon día!" -"buenos días-, con la cual pretende "visibilizar" aquellos establecimientos que cambian la lengua de sus locales al catalán. O, según su terminología identitaria, que son "responsables lingüísticamente".

Para ilustrar ese objetivo, Plataforma per la Llengua ha puesto, a modo de ejemplo, el caso de una cafetería de Manresa cuyos propietarios han cambiado, en la pizarra ubicada junto a su puerta de acceso, el mensaje "tenemos paella y pollo asado" por "tenim paella i pollastre a l'asat i sopa de marisc".

Un "mal hábito"

Los denominados espías del catalán han celebrado este hecho ilustrándolo con imágenes en sus redes sociales, apostillando en las mismas consignas como esta: "La normativa exige obligaciones a los comercios en materia de rotulación. El activismo lingüístico es fundamental para defender y recuperar el catalán en este ámbito, como en este caso de Manresa (imágenes de antes y después)".

En esa línea, apostillan que esta nueva campaña de "visibilización" de quienes se ven obligados a ceder a su presión también sirve para "eliminar el mal hábito de muchos catalanoparlantes a la hora de no utilizar el catalán como lengua inicial de conversación".

"Modificar el paisaje lingüístico"

Dicha campaña ofrece, además, "asesoramiento" a establecimientos y usuarios sobre sus "derechos y deberes lingüísticos en materia comercial" [sic]; "charlas con expertos" de la propia entidad para lo que llaman "sensibilizar a la población y dotarla de herramientas" para "influir y modificar el paísaje lingüístico del municipio". Y, por último, aportar "argumentarios y material divulgativo" para dar a conocer la normativa lingüística del Código de Consumo de la Generalitat, y delatar a quienes, a su juicio, la incumplen, mediante "denuncias".

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Delaciones y multas

En este sentido, cabe recordar que Plataforma per la Llengua se ha hecho célebre a lo largo de la última década por sus campañas de señalamiento y acoso a empresas, trabajadores y particulares que optan por otros idiomas que no son el catalán -entre ellos, el castellano, pese a ser también cooficial en la autonomía- para comunicarse.

A modo de ejemplo, hace un par de semanas, el presidente de misma esta entidad, Òscar Escuder, instó a la Generalitat y al resto de administraciones públicas catalanas a redoblar su presión y las multas lingüísticas contra comercios que no rotulan en catalán. La entidad ultranacionalista reconoce haber interpuesto ya "varios cientos" de denuncias ante la Agència Catalana de Consum en este 2025. Y les exige que sean más expeditivas contra ellos.

Así lo explicó Escuder en una entrevista al programa Més 324 de TV3, en la cual equiparó el hecho de rotular en cualquier lengua que no sea el catalán con delitos como conducir con exceso de velocidad, no pagar impuestos a Hacienda, o incumplir las normas laborales.

La Generalitat multiplica por ocho su recaudación en una década

En este sentido, el director de la Agència Catalana de Consum de la Generalitat, Isidor García, explicó, también a la televisión pública catalana, que su organismo ha suscrito convenios con asociaciones empresariales, gremios y consejos comarcales para incidir, sobre todo, en "formación". En especial, a pequeños empresarios, para que conozcan y apliquen la normativa autonómica sobre "derechos lingüísticos".

Los datos que maneja dicho ente demuestran que, en diez años, la Generalitat ha duplicado sus inspecciones a negocios. En una década, el importe global que representan las multas lingüísticas se ha multiplicado casi por ocho: pasó de 51.350 euros en 2014 a 409.105 euros en 2024. 

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Ante el gran volumen de denuncias de los últimos tres años -gran parte de ellas, procedentes de Plataforma per la Llengua, entidad que, a su vez, se nutre en gran parte de las cuantiosas subvenciones que le otorgan el propio Govern y otras administraciones públicas catalanas-, García indicó que muchos expedientes abiertos terminaron sin sanción. En muchos casos, porque el comerciante cambió su rotulación durante el plazo establecido, según datos de la agencia.

Plataforma por la Lengua -que, desde 2018, ha cobrado cerca de cuatro millones de euros en subvenciones públicas- se queja, a pesar de ello, de que muchas de sus denuncias quedan archivadas o sin resolver.