El PP de Cataluña pidió una "financiación singular" para el territorio en 2012

La decisión del Gobierno de negociar una nueva "financiación singular" para Cataluña ha avivado, si cabe, el crispado el debate político en el país. Una vez aprobada la amnistía del procés, la nueva exigencia de los nacionalistas catalanes se centra ahora en conseguir una suerte de cupo vasco, consistente en que la Generalitat recaude el 100% de los impuestos de la autonomía y abandonar el régimen común.

Esa propuesta ha suscitado un amplio rechazo social y en la oposición parlamentaria, si bien desde ésta también se utilizó en el pasado ese mismo término -"financiación singular"- para plantear un nuevo modelo de financiación autonómica. Aunque, eso sí, con un significado muy diferente al que hoy reclaman ERC y Junts per Catalunya.

Ocurrió hace más de una década. Concretamente, en 2012, cuando el PP, en aquellas fechas liderado por Alicia Sánchez Camacho, se comprometió en su programa de las elecciones catalanas -cuyo lema era "Catalunya sí, España también"- a trabajar "para conseguir un nuevo sistema de financiación singular para Cataluña". Una iniciativa que respondiera "al objetivo de resolver el problema sistemático de insuficiencia financiera de la Generalitat para atender a sus competencias".

Modelo propio "dentro del régimen común" autonómico 

Esa idea se desgranaba en algunos de los primeros puntos de su apartado económico: "Esto lo haremos mediante el incremento de los impuestos cedidos y de la participación en la cesta de impuestos, en el marco de un modelo propio con capacidad normativa, dentro del régimen común de la LOFCA" -la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas-. 

El PP de 2012 sostenía que su modelo iba a permitir, "mediante el establecimiento de fórmulas de colaboración entre la Agencia Tributaria de Cataluña y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, la gestión, recaudación, liquidación e inspección de la totalidad de los impuestos propios, cedidos y transferidos". Un punto que, en este sentido, se asemeja al que ahora plantea, en principio, el candidato del PSC a presidir la Generalitat, Salvador Illa.

Principios de ordinalidad y solidaridad

El punto tres del plan económico del PP de Alicia Sánchez-Camacho apuntaba además que "el nuevo modelo de financiación respeta el principio de ordinalidad, el cual garantiza el mantenimiento de la posición catalana respecto a su propia renta per cápita, para que no se altere la posición relativa de Cataluña respecto del resto de comunidades autónomas después de aplicar el mecanismo de nivelación". Y también "el principio de solidaridad, entendiendo que éste ha de ser finalista, para no perjudicar la capacidad de crecer y de competir de la economía catalana".

Lealtad institucional

El programa electoral del PP en las elecciones catalanas de 2012 también expresaba la necesidad de colaborar y ser leal con otras Administraciones del Estado.

Así, el punto cuatro de su programa económico, los populares se comprometían a destinar "los nuevos recursos que genere el nuevo modelo de financiación a sufragar las políticas básicas del Estado del bienestar para garantizar derechos básicos y cumplir con el Estatuto, a políticas de fomento del crecimiento económico o de creación empleo", y también a cumplir "la legislación catalana en materia de limitación de déficit y reducción de endeudamiento". "Atendiendo a la lealtad institucional entre la Administración autonómica y las corporaciones locales, haremos partícipes a los entes locales catalanes de una parte substancial de estos nuevos recursos", explicaban.

"Llevaremos a cabo políticas de equilibrio, estabilidad y austeridad en las cuentas de la Generalitat de Cataluña exigiendo responsabilidades a los gestores de las desviaciones presupuestarias y facilitando una mayor transparencia e información de la gestión del Presupuesto", añadían.

"Suprimir imposiciones y sanciones lingüísticas"

Esa demanda de una nueva financiación autonómica para Cataluña no era óbice para que el PP expresara su rechazo y su abierta crítica a la forma de gestionar los recursos públicos por parte de los dirigentes de la Generalitat.

Así, por ejemplo, en el punto 39 de ese apartado dedicado a economía, los populares se comprometían a modificar la Ley de Consumo "para suprimir las imposiciones y sanciones lingüísticas"

Críticas al gasto nacionalista

La candidata a presidir la Generalitat en aquellas fechas, Sánchez-Camacho, también dejaba claro en su carta de presentación del programa electoral del PP que su objetivo era obtener "más recursos, pero también más responsabilidad en la gestión".

En este sentido, la dirigente popular recordaba que "la Generalitat gestiona un presupuesto de 40.000 millones de euros y ha sido una elección de CiU no destinar más dinero a políticas sociales, mientras se siguen gastando dinero en embajadas, en subvenciones identitarias o en canales de televisión pública". Algo que, 12 años después, no ha cambiado.

"Un cuarta parte de este presupuesto lo gastan empresas de titularidad pública. Somos la comunidad autónoma con más administraciones públicas y también con más fundaciones y empresas públicas ineficientes", lamentaba la candidata.