La justicia paraliza el polémico nombramiento de Sallent como 'major' de Mossos

El Juzgado Contencioso Administrativo número 8 de Barcelona ha estimado las medidas cautelares solicitadas por el Sindicato Autónomo de Policía (SAP-FEPOL) y por el Sindicato de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) y ha ordenado suspender la polémica convocatoria de major del cuerpo hasta que se resuelva la demanda contenciosa-administrativa.

Así lo ha considerado la magistrada titular después de que las organizaciones sindicales acudieran a los tribunales para denunciar que esta plaza había sido creada ad hoc para el actual comisario jefe del cuerpo, Eduard Sallent, que precisamente se encuentra en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña (ISPC) formándose para ocupar este cargo.

Una plaza "hecha a medida"

Los sindicatos argumentaron que el Departamento de Interior podría haber incurrido en una irregularidad, pues en las bases de la convocatoria, como ha podido comprobar Crónica Global, los únicos requisitos eran ser comisario en activo, presentar un formulario de solicitud dentro del plazo estipulado y aportar la acreditación de un pago de la tasa de inscripción, de 70 euros. 

"No se indicaba la necesidad de aportar ningún currículum, así como tampoco la realización de ninguna prueba para que los participantes pudieran acreditar que disponen de los conocimientos y las aptitudes de idoneidad suficientes como para poder ocupar esa plaza", el máximo rango dentro de la organización. Según los sindicatos, la consejería no se molestó en especificar estos criterios porque la plaza ya tenía nombre y apellidos.

Interior intentó blindarlo antes de perder la consejería

Interior siguió adelante con el proceso para nombrar a Sallent pese a que su propia rival, la comisaria Alicia Moriana, también impugnó el proceso y a las críticas dentro del cuerpo por la celeridad con la que se gestionó la elección, a las puertas de las elecciones autonómicas y cuando las encuestas ya vaticinaban el descalabro de ERC. 

Así las cosas, el Sindicato Autónomo de Policía (SAP-FEPOL) y el Sindicato de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL), como ya había hecho anteriormente USPAC, impugnaron la convocatoria mediante un recurso contencioso administrativo al entender que el proceso no se había hecho con transparencia.

Ahora, tras revisar las bases del concurso para cubrir la plaza de la categoría de major de la escala superior de Mossos, la magistrada les da la razón a los sindicatos y considera que “se han denunciado una serie de irregularidades que pueden dar lugar a su nulidad”. 

Ordena aplicar las cautelares

Si se dicta una sentencia estimatoria, recoge el auto, el proceso no se podrá retrotraer para hacer efectivo el derecho después de la sentencia y, si continuara adelante, los perjuicios serían enormes, tanto para la Administración pública como para terceros “ya que se había nombrado a un intendente de forma nula y se le habría abonado un sueldo que no le correspondería”. Por eso, la magistrada ordena que se apliquen las cautelares que solicitaban SAP-FEPOL y SME-FEPOL sobre la suspensión de la convocatoria a la plaza de major. 

Además, la jueza desmonta los argumentos de Interior, que señalaba que los sindicatos no tienen legitimidad para pedir la impugnación del proceso y recuerda que una de las funciones de las organizaciones sindicales es velar por los intereses profesionales y por el respeto a la legalidad. "Entre los objetivos del sindicato está defender los derechos de los mossos que quieran acceder al puesto de major", apostilla la magistrada.

Interior recurrirá

Por su parte, el Departamento de Interior ya ha avanzado que presentará un recurso de apelación contra este auto y argumenta que otro juzgado, el Contencioso Administrativo número 6 de Barcelona, descartó adoptar medidas cautelarísimas tras la denuncia de la comisaria Moriana.

"El recurso estimado no resuelve el fondo de la cuestión, sino que establece únicamente medidas cautelares mientras no se hace la resolución final", se limitan a responder desde la consejería a preguntas de este medio, insistiendo en que la jueza todavía no se ha posicionado. "El principal argumento jurídico para estimar las medidas cautelares es la pérdida de efectividad de la sentencia si no se adoptaran medidas cautelares, sin entrar en ningún posicionamiento concreto", zanjan.