La aprobación en el Parlamento Europeo, el pasado 19 de marzo, de un informe que denuncia los abusos de la inmersión monolingüe obligatoria en catalán impuesta por la Generalitat de Cataluña en su sistema educativo ha supuesto un hito para los defensores del bilingüismo. El dictamen comunitario marca un antes y un después en esta cuestión, entre otras razones porque constata la discriminación del castellano en las escuelas públicas de la autonomía y el incumplimiento de la sentencia del TSJC que obliga a impartir al menos un 25% de las clases en este idioma, actualmente recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Una de las entidades que más han batallado para hacer posible esta desautorización comunitaria al sistema monolingüe impuesto por la Generalitat desde hace más de tres décadas es Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), cuya presidenta, Ana Losada, desgrana en esta entrevista con Crónica Global todas sus interioridades. Desde cómo fue la misión de eurodiputados que visitó Cataluña el pasado diciembre para investigar la inmersión, el rechazo que les mostraron el Govern catalán y sus entidades nacionalistas afines, y la votación, tres meses después, de su informe en la Eurocámara, aprobado por amplia mayoría a pesar de los votos en contra del PSOE, Podemos y los partidos independentistas.

- ¿Cómo valora la aprobación del informe del Comité de Peticiones de la Eurocámara sobre la inmersión lingüística en Cataluña? ¿Cuáles son sus conclusiones, y qué recomendaciones hace?

La valoración es muy positiva. Este informe recoge las conclusiones sobre la visita de los eurodiputados a Cataluña, y refleja toda la documentación y las sesiones de los últimos seis años, en las que hemos participado, además de la sesión de escucha a expertos en la Comisión de Peticiones (PETI) del año pasado.

Por primera vez hay un dictamen, una resolución, de un organismo internacional, que en este caso es el Parlamento Europeo, en el que se rechaza la inmersión, porque está incumpliendo leyes y vulnerando derechos, derechos recogidos en los tratados de la Unión Europea. Es la primera vez en más de tres décadas que un organismo se pronuncia claramente en contra de ese sistema y lista todo aquello que afecta a los alumnos. Y también qué supone esto para la debilitación del Estado de Derecho en España, porque hay sentencias que no se están cumpliendo, y unos ciudadanos que han recurrido ante la Unión Europea por el abandono institucional, ya que aquellos que deberían haber hecho algo en estos 30 años no han hecho absolutamente nada. Empezando por la Generalitat, el Gobierno de España y todas las instituciones que podían haberse pronunciado e intentado que esto se frenara o no se dilatara en el tiempo.

Es un informe completo, que toca todos los temas importantes: lo que afecta a los alumnos, a los alumnos con necesidades especiales, cómo viven el acoso las familias que se atreven a pedir más castellano, ese abandono institucional del Gobierno de España y de la Generalitat, que se niega al diálogo, del Síndic de Greuges... Los pronunciamientos del defensor del pueblo catalán ante la Comisión de Peticiones, por ejemplo, fueron los mismos que los del Govern y de los defensores de la inmersión. Todo el mundo ha quedado retratado, se ha visto quiénes son los causantes y los cómplices silenciosos de esta situación.

- ¿Qué puede pasar a partir de ahora? La Generalitat ha mostrado un rechazo frontal a la visita de los eurodiputados a Cataluña y a las recomendaciones que se han aprobado en la Eurocámara. ¿Cambiará algo?

Nosotros somos realistas. Evidentemente, esto no va a acabar con la inmersión, pero es un golpe muy duro al posicionamiento de sus defensores en las instituciones europeas. La UE ha redactado un informe, ha constatado unos hechos, y se ha pronunciado con unas recomendaciones claramente contrarias a la inmersión. Y eso hace mucho daño al victimismo de la Generalitat en la UE, en lobis que presionan para que se mantenga, en el Comité de las Regiones, en la utilización que hacen del cumplimiento de la Carta de Lenguas Minoritarias en España… Esto tiene unas implicaciones, porque desde siempre ellos se han vendido como las víctimas, haciendo creer que España es un Estado opresor y que se vulneran derechos únicamente de los catalanohablantes. El informe rompe con este relato.

Desde AEB y Escuela de Todos presentaremos este informe como prueba en todos los recursos interpuestos ante los tribunales, desde los individuales de padres hasta el Tribunal Supremo y el Constitucional, para que se cumpla la sentencia del 25% de castellano [en todo el sistema educativo]. Porque no es algo que digamos sólo nosotros, sino que son las conclusiones de la UE y sus recomendaciones.

Este informe también pone de manifiesto que algo falla en el Estado de Derecho en España, porque los tribunales emiten sentencias que no se cumplen y el Gobierno no hace nada para que se cumplan. El informe también habla de que se derive a la comisión LIBE del Parlamento Europeo, que vigila el cumplimiento de las bases del Estado de Derecho en los Estados miembro. Y esa línea vamos a continuarla.

– Uno de los argumentos que más están repitiendo los detractores de este informe del Parlamento Europeo es que se trata de una misión y de un dictamen “partidista”. ¿Cómo valoran estos comentarios que intentan desacreditarlo?

Es su propaganda. Ellos, lo que no controlan, lo desacreditan. Es el comportamiento del nacionalismo excluyente como el que tenemos en Cataluña, que al fin y al cabo es populismo. Es un argumento absolutamente falso. La representación de los partidos que vinieron a Cataluña en esta misión supera el 60% de la Eurocámara. También han habido otras misiones del Parlamento Europeo a las que no fueron todos los partidos políticos, y no por eso se desacreditaron. Pero aquí no es ya sólo que algunos hayan votado en contra de la misión, sino que además intentan desacreditarla diciendo que quienes van son unos fachas y la extrema derecha. Eso no ha ocurrido antes. En otros países, como Italia por ejemplo, otras misiones también generaron rechazo, pero no se las intentó desacreditar.

Otra mentira que se dicho, por parte de la señora Diana Riba y el señor Toni Comín [eurodiputados de ERC y Junts], es que esta misión y esta queja nunca tenían que haberse abierto, porque se basa en temas que no son competencia de la UE. Eso es totalmente falso. La queja de AEB no fue por temas educativos, sino por la vulneración de derechos fundamentales que protege la Carta de Derechos de la Unión Europea, y de tratados de la UE. Hablamos de derechos de alumnos, de discriminación por razón de lengua, de vulneración de derechos de los alumnos con necesidades especiales, de bloqueo a la movilidad, porque las familias que se quieren trasladar desde otros puntos de España muchas veces renuncian a su traslado porque el sistema educativo no les permite que sus hijos sigan estudiando en español, aunque sea una parte… Por eso se abrió la queja, y por eso la Comisión de Peticiones la mantuvo abierta. Una queja que, no lo olvidemos, se abrió durante el mandato del anterior presidente de la PETI, que era socialdemócrata. Y, cuando se abrió, que es el momento más importante para que fructifique, hubo diputados socialistas que votaron a favor, que no siguieron la dinámica de voto de su partido, y nos apoyaron.

- Sin embargo, el PSOE ha acabado renunciando a participar en esta misión y ha votado en contra de este informe de la Eurocámara que rechaza la inmersión. ¿Les sorprende?

El Partido Socialista y la representante de Podemos, sí. Es difícil calificar esta votación. El PSOE lleva muchos años demostrando que sus políticas son cada vez más nacionalistas en el ámbito lingüístico, porque actúa igual que ERC y Junts. Los socialistas no sólo votaron en contra de que la misión se realizara, sino que intentaron boicotearla esa misma semana, cuando su eurodiputada Cristina Maestre hizo un comunicado de prensa calificándola de derecha extrema: es decir, usando los mismos calificativos que el nacionalismo para intentar desprestigiarla.

Y ahora, han votado en contra de las recomendaciones del informe de la misión, cuyos argumentos nadie puede rebatir diciendo que sean mentira. En Cataluña, no se puede estudiar en castellano. Diariamente, desde la Generalitat dicen que quieren atornillar más su sistema educativo, dan la orden de que los profesores hablen siempre en catalán, de que los contenidos sean en catalán, quieren que los niños se esfuercen en hablar en catalán no sólo en el aula, sino en los pasillos, en el patio… el informe constata lo que ocurre, aquello sobre lo que ellos mismos alardean públicamente cada día. El Govern siempre saca nuevas iniciativas y acciones para impedir, aún más, que se pueda hablar en castellano en las escuelas. Eso es constatable. Y también que se ha acosado a familias que piden bilingüismo, lo sabe todo el mundo, con casos graves como los de Canet de Mar, Balaguer, Castelldefels o Mataró, que fueron testimonios ante la misión. Y, encima, hay sentencias que no se cumplen.

- ¿Y este rechazo del PSOE al informe de la Eurocámara es compartido por el resto de socialistas europeos?
En la votación final de la Comisión de Peticiones sobre la inmersión lingüística participaron 26 eurodiputados y 19 votaron a favor. En esa sesión, la representante socialista era Cristina Maestre, y votó en contra. Es lo mismo que pasó cuando la señora Maestre, antes de la misión, hizo un comunicado en el que decía que sus compañeros socialdemócratas de otros países se negaban a venir. Eso es mentira, ¿quién es ahora la presidenta del grupo socialista en el Parlamento Europeo?: la española Iratxe García. Es todo un paripé: son ellos los que hicieron que sus compañeros no vinieran o no estuvieran interesados. No es que los socialdemócratas europeos estén a favor de la inmersión, no es así.
- En su ponencia inicial de cara a las elecciones catalanas del 12 de mayo, el PSC y Salvador Illa piden "desactivar la lengua como una fuente de conflicto partidista e identitario”. ¿Cómo lo ve?

La inmersión continúa activa en Cataluña gracias al PSC. Los hechos lo evidencian. El PSC, en el gobierno o en la oposición, siempre ha apoyado la inmersión lingüística en Cataluña. Lo que diga para su electorado en las elecciones no tiene nada que ver con lo que se hace. Y la prueba es que el PSC ha sido clave para impedir la aplicación de la sentencia del 25% de castellano [en todo el sistema educativo de Cataluña]. Porque ellos aprobaron en 2022 el decreto del Parlament junto a quienes no querían que se tocara la inmersión. Y Pedro Sánchez, como el propio Pere Aragonès reconoció en su momento, se comprometió a no recurrir ante el Tribunal Constitucional, para impedir la aplicación de esa sentencia.

Para nosotros, la palabra de Salvador Illa en el ámbito lingüístico no tiene ninguna credibilidad, porque ha demostrado que hace justo lo contrario de lo que promete.

- Usted estuvo en la Eurocámara el día de la aprobación del informe. ¿Está calando este asunto entre los eurodiputados? ¿Ha causado sorpresa?

Yo creo que sí. Los eurodiputados que vinieron a Cataluña eran de otros países, y creo que ninguno de ellos estaba preparado para ver lo que vio y escuchar lo que escuchó, porque se veía en sus caras, y el impacto que tuvieron los testimonios. La propia presidenta de la misión, la estonia Yana Toon, fue muy clara en su rueda de prensa en la oficina del Parlamento Europeo en Barcelona. Claro que el tema ha calado. Y esto ha sido un cambio, porque ha habido una misión, eurodiputados de otros países han escuchado a expertos, y han visto con sus propios ojos lo que ocurre en la escuela catalana. Ese relato victimista del nacionalismo que nunca nadie ha rebatido, de pronto se ha rebatido. Y eso tiene un impacto. Pero es insuficiente, hay que continuar trabajando.

Desgraciadamente, somos una asociación pequeña, sin recursos ni trabajadores a nuestra cuenta, y todo lo que hacemos es dedicando nuestras horas personales. Y nos enfrentamos a asociaciones como Òmnium Cultural, la ANC y Plataforma per la Llengua, que están trabajando dentro de los lobis de la Unión Europea, y que tienen muchísimos recursos. Nosotros hacemos el trabajo que podemos con los recursos que tenemos.



Se necesitaría una acción coordinada del Gobierno de España para romper ese relato y para trabajar frente a aquellos que están dando una visión totalmente falsa de lo que ocurre en Cataluña. Pero tenemos un Gobierno de España que repite el mismo relato que el nacionalismo. Y otros gobiernos que no eran socialistas también han dejado hacer ese relato. Tendremos que seguir trabajando solos y sin recursos.

- ¿Qué influencia tienen esas entidades afines a la Generalitat?
Ellos están muy metidos por ejemplo en el Comité de las Regiones. Y la red de embajadas de la propia Generalitat difunde ese mismo discurso del poder nacionalista. Otro ejemplo: el relator de cuestiones de las minorías que estuvo aquí, Fernand de Varennes, es una persona ligada a Òmnium, Plataforma per la Llengua y la ANC. Ya no está en el cargo, pero les ha abierto muchas puertas, y les ha apoyado siempre que había peligro de que se emitiera un relato contrario al suyo.
- ¿- Cuando la misión de eurodiputados vino a Cataluña a finales de 2023, ¿les sorprendió el rechazo y la reacción negativa de la Generalitat a su visita?
Los eurodiputados percibieron cierta hostilidad, sí. La propia presidenta de la misión, Yana Toom, lo dijo en su rueda de prensa. La Generalitat tuvo una actitud totalmente despectiva con la misión: no les dedicaron más de diez minutos, la consellera Anna Simó dijo que tenía mucho trabajo y luego salió a hacer una rueda de prensa para hablar en su contra. A Toom le recordó incluso a la antigua URSS cuando, al ir a a visitar los colegios, no podían hablar libremente con los directores de los centros, porque aparecieron concejales de El Prat de Llobregat de Podemos, responsables de inspección del Baix Llobregat, y algún responsable de la Generalitat. De manera que los directores, o no contestaban la mayoría de las preguntas, o respondían sus jefes. La Generalitat mostró claramente que esto es un sistema jerárquico y que aquí, el que se mueve o diga algo en contra de la inmersión, está crucificado y tiene una X en su expediente. Lo demostraron con esa falta de libertad que tuvieron los eurodiputados al hablar con los miembros de los centros escogidos. Aunque pudieron comprobar muchísimas cosas, entre las entrevistas y lo que vieron con sus propios ojos.
Además, cuando los eurodiputados salieron de la oficina del Parlamento Europeo en el Paseo de Gracia de Barcelona, justo delante tenían una manifestación en su contra en la que les llamaban “fachas”. La presidenta del sindicato educativo Ustec, Iolanda Segura, por ejemplo, tuvo una actitud bastante altiva con ellos, y tras acabar su ronda de preguntas, salió, bajó las escaleras, y se fue con sus compañeros a esa manifestación. Eso lo vieron los eurodiputados, algunos de ellos lo grabaron incluso con el móvil. Y estaban espantados, porque nunca les ha pasado algo así en ninguna misión.
- ¿Ha cambiado algo la situación lingüística en las escuelas de Cataluña?
Hay una parte positiva y una negativa. La positiva es que, hace cinco años, la gente era menos consciente de que esto es un problema real. Entre otras cosas, porque han habido casos de acoso graves, y eso ha hecho que la sociedad española conociera lo que ocurre. Y el sistema catalán se ha copiado en Baleares y la Comunidad Valenciana, aunque ahora allí se ha frenado. Y esto también ocurre, camuflado de libertad de elección de lengua, en el País Vasco. Muchos ciudadanos están viendo que el conflicto lingüístico está estrechamente ligado al conflicto territorial.
Lo negativo es que en Cataluña, desde que los políticos presos salieron de la cárcel, el nacionalismo ha tomado la lengua como un punto de anclaje de su electorado. La presión lingüística ha aumentado muchísimo. Y ahora es continua, es que no hay semana en que no hayan declaraciones o decisiones de alguno de los consellers en este sentido. Y además están las asociaciones que trabajan alineadas con el gobierno de la Generalitat: Plataforma per la Llengua, Òmnium Cultural y la ANC. Nosotros siempre jugamos con desventaja.
No hay nada que mejore. La Generalitat sigue haciendo lo mismo, y ahora también con las universidades, reclamando que el 80% de sus clases sean en catalán. Los nacionalistas siempre están de acuerdo en que Cataluña sea monolingüe en catalán.

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