La Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) ha decidido dar un paso más en su lucha por evitar la exclusión total del castellano en las escuelas de Cataluña al dar una dimensión europea al problema originado por el incumplimiento de las resoluciones judiciales que obligan a que se imparta un mínimo del 25% de las clases en español.

“La discriminación del castellano en las escuelas catalanas es ya un problema de toda Europa y no sólo de España”, ha asegurado este miércoles la presidenta de la AEB, Ana Losada. Y, además, lo ha hecho en la mismísima sede de la soberanía comunitaria, el Parlamento Europeo. 

Contra el Tratado de la Unión

Durante su participación en la jornada “Contra la discriminación por razones de lengua en España y en Europa. La exclusión del español como lengua de enseñanza en España”, organizada por la eurodiputada por Ciudadanos Maite Pagazaurtundua, Losada ha lanzado un mensaje de ayuda a las autoridades europeas pero, al mismo tiempo, de alerta ante una situación que considera que también afecta al entorno comunitario.

“La situación lingüística en las escuelas catalanas atenta contra artículos del Tratado de la Unión y también contra la Carta de Derechos Fundamentales porque se está produciendo una discriminación por motivos de idioma”, ha apuntado Losada, quien también ha acusado al Gobierno de España de ser parte del problema por su inacción.

Inacción del Gobierno

“El Ministerio de Educación no ha hecho nada para que se cumpla la sentencia; y España es miembro de la Unión Europea; por lo tanto, se trata de un problema que también es europeo”.

La presidenta de la plataforma ha recordado que ya el pasado mes de febrero acudió al Parlamento comunitario a pedir apoyo ante lo que considera una situación de indefensión. Tras repasar la cronología de los acontecimientos y los cambios normativos que han llevado a la actual situación, ha vuelto a denunciar las acusaciones de los nacionalistas e independentistas de querer buscar la confrontación. 

Un movimiento cívico

“En febrero ya advertimos de que las sentencias no se iban a cumplir y nos tacharon de alarmistas”, ha recordado Losada, quien también ha recalcado las presiones que están recibiendo por parte de la Generalitat los centros que han decidido cumplir con el 25% al inicio del presente curso.

En la sesión también ha participado José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, que ha reclamado la necesidad de conformar “un movimiento cívico que reclame el derecho de los niños a ser escolarizados en español y también en la lengua cooficial en cada caso”.

Europa, destino final

Domingo también ha lanzado un mensaje a las autoridades europeas al estimar que la vía judicial que se sigue en España “probablemente acabará aquí, en este Parlamento Europeo”, ante la imposibilidad que se  está encontrando para aplicar las resoluciones judiciales.

“Tenemos que lograr diluir los efectos de la inmersión con una respuesta social y jurídica”, ha señalado Domingo, que también ha aprovechado para reclamar a las autoridades una nueva regulación que proteja al español en las aulas. “La Administración no puede seguir huyendo de un problema tan grave”.