Una pegatina de la PAH en la sede de la Generalitat de Cataluña en Lleida

Una pegatina de la PAH en la sede de la Generalitat de Cataluña en Lleida Cedida

Política

Okupan una sede de la Generalitat aprovechando que no hay vigilantes

La PAH irrumpió hasta el despacho de la delegada porque Norvik, la contrata de seguridad, está en insolvencia

23 febrero, 2024 14:21

Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ocuparon la sede de la Delegación de la Generalitat de Cataluña en Lleida aprovechando que el edificio no tiene vigilante de seguridad al haber quebrado Norvik Security Services, la contrata de vigilancia. 

Ocurrió el pasado 29 de enero, cuando una veintena de miembros de la PAH irrumpieron en la sede de la Administración autonómica para protestar contra el lanzamiento de una familia en el barrio de Torrefarrera. El vaciado del inmueble se aplazó por motivos de seguridad. 

Llegaron al despacho de la delegada

También preocupante es el hecho de que los activistas se pasearon por la sede gubernativa y llegaron a entrar a la fuerza al despacho de la delegada, Montse Bergés

Ello provocó un "inmenso malestar" entre el personal de la oficina administrativa, que alertan de que "las medidas de seguridad se esfumaron por completo". 

La empresa está en concurso

El acto radical fue posible porque la sede de la Generalitat de Cataluña en Lleida no tiene vigilancia. Es así porque la empresa que tenía la adjudicación, Norvik Security Services, entró en concurso de acreedores en enero. 

La insolvencia ha conllevado que se dejen de prestar algunos servicios. El de la Administración regional es uno de ellos. 

Sindicatos: "Lentitud en licitar de nuevo"

Preguntado por la cuestión, ADN Sindical Seguridad y Servicios de Cataluña, mayoritario en la seguridad privada ha lamentado "la falta de vigilancia en un lugar oficial en plena alerta 4 antiterrorista". 

Desde esta plataforma recuerdan que "la Generalitat está siendo muy lenta en licitar de nuevo el servicio". Ante ello, piden "celeridad" ante una situación "inaceptable", que pone en riesgo a los empleados públicos y a la ciudadanía en general.