Sindicatos policiales ven "odio acérrimo" en su "discriminación" en la vacunación de Cataluña

El sindicato policial Jupol y la asociación de la Guardia Civil Jucil han exigido explicaciones a la exconsellera de Sanidad de la Generalitat, Alba Vergés (ERC), por el retraso en la vacunación de los agentes de ambos cuerpos en Cataluña, ya que creen que su "discriminación" demuestra el "odio acérrimo" que reciben desde las instituciones catalanas.

El juez que investiga el retraso en la vacunación de policías nacionales y guardias civiles en Cataluña ha ofrecido a la exconsellera de Salud Alba Vergés declarar voluntariamente como imputada, al concluir que participó en la decisión "discriminatoria" de suspender el proceso por su "desprecio" hacia estos colectivos.

En un auto, el titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona comunica a Vergés, que es aforada por su cargo de diputada y vicepresidenta del Parlament por ERC, que la investigan por el retraso en la vacunación de agentes de estos dos cuerpos y le da un plazo de 20 días para que decida si quiere prestar declaración de forma voluntaria, antes de elevar el caso al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

"Injusticia" contra policías y guardias civiles

En un comunicado, el secretario general de Jupol, Aarón Rivero, ha afirmado que esta resolución judicial "no hace más que confirmar" su denuncia de que existía una "discriminación real" por parte de la Generalitat a los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña.

"Esta discriminación es una muestra más del odio acérrimo que procesan desde las instituciones catalanas a la Policía Nacional y a la Guardia Civil", agrega el portavoz de Jupol, que denuncia la "injusticia" sufrida por miles de agentes ante el trato "discriminatorio" que recibieron en el proceso de vacunación.

"Que no se esconda"

Asimismo, ha indicado que el avance en esta causa judicial les hace "más fuertes" y les empuja a "seguir luchando" para que "desaparezcan las desigualdades y la discriminación de Policía Nacional y de Guardia Civil en Cataluña" y acabar así con "la desigualdad, el trato injusto y desfavorable" que sufren los agentes de ambos cuerpos en esta autonomía en manos de los secesionistas.

Por su parte, Jucil ha instado a Vergés a comparecer ante el juez para detallar por qué retrasó la vacunación, por lo que le piden que "no se esconda" tras su condición de aforada y acuda al juzgado a dar explicaciones.

Demora "arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria"

En su escrito, el juez remarca que el retraso en la vacunación por el Covid-19 a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña fue "arbitraria, ilegal, injusta y discriminatoria" y además también fue "irrazonable e inexplicable", por lo que "sólo encuentra una explicación en sentimientos de desprecio hacia colectivos de funcionarios por estar integrados en cuerpos nacionales".

El magistrado ha acordado además mantener como imputado al exconseller de Salud Josep Maria Argimon, quien aportó a la causa unos Whatsapps que incriminaban a Vergés en las decisiones sobre el calendario de vacunación, lo que motivó que la Fiscalía pidiera que el caso se remitiera al TSJC.

Cruce de Whatsapps

Vergés dio instrucciones en marzo de 2021 a los responsables de Salud Pública, a través de una miembro de su gabinete, para detener la vacunación por el Covid a policías nacionales y guardias civiles: "La consellera me pide parar Guardia Civil y Policía Nacional, no podemos argumentarlo", según detalla el Whatsapp aportado por la defensa de Argimon.

Según el juez, este Whatsapp, del 24 de marzo de 2021, supone una prueba "inequívoca" que evidencia la "directa participación" de Vergés en la decisión de suspender ese día la vacunación "ya programada" para los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña.