La vicepresidenta del Parlament, Alba Vergés, a su llegada a su citación en la Ciudad de la Justicia el 12 de enero de 2024
El tribunal absuelve a Vergés y a la cúpula de Salud por el retraso en la vacunación de policías
La estrategia de inmunización contra la covid favoreció a los Mossos en detrimento de la Policía Nacional y la Guardia Civil, algo justificado por la 'exconsellera' de ERC
Más información: Sánchez convoca elecciones el 29N tras el 'no' de Junts a los decretos de vivienda
El retraso en la vacunación de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil por la Covid-19 en Cataluña se salda con la absolución de la entonces consellera de Salud, Alba Vergés, y su equipo al frente del departamento.
La Audiencia de Barcelona ha fallado en favor de la extitular de la cartera encargada de la estrategia de inmunización durante la pandemia, que benefició enormemente a los Mossos d'Esquadra en detrimento de los agentes de los cuerpos estatales.
La decisión del tribunal también favorece a los exsecretarios de Salud Pública Josep Maria Argimon y Marc Ramentol, quienes también justificaron los ritmos de inoculación de dosis entre las distintas plantillas de policía. Los tres estaban acusados de un delito de prevaricación, por los que se enfrentaban hasta a 12 años de inhabilitación, a petición de fiscalía.
Se enfrentaban a 12 años
En julio, Vergés negó que ordenara detener la vacunación contra el covid a los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Cataluña. Afirmó que siempre siguió el criterio del Consejo Interterritorial y trató de compatibilizar la inmunización por criterios de edad y de grupos esenciales.
También en verano, Argimon explicó que los distintos niveles de inmunización respondían a la priorización de ciudadanos comprendidos en la franja de los 60 a los 65 años. La gestión de las dosis disponibles obligó a aparcar momentáneamente la vacunación de colectivos esenciales, aseguró.
El exconseller de Salud de la Generalitat, Josep Maria Argimon EFE
Limitar temporalmente la vacunación a las personas de mayor edad fue una decisión adecuada y nunca les planteó "ningún conflicto ético", sostuvo Argimon, quien negó que pudiera ordenar la reprogramación de las citas de los agentes afectados.
