La 'consellera' Serret utiliza su viaje a EEUU para acusar a España de espiar con Pegasus

La Generalitat de Cataluña continúa utilizando su Consejería de Acción Exterior para criticar a España y sus instituciones democráticas en el extranjero. Así lo ha hecho en las últimas horas su consellera Meritxell Serret (ERC), que ha utilizado la presencia del Govern en diversos foros de EEUU para acusar al Gobierno español por el supuesto espionaje con el programa Pegasus a decenas de dirigentes secesionistas.

Según explica el Ejecutivo secesionista catalán en un comunicado, durante su viaje institucional a Nueva York, Serret ha mantenido "diversas reuniones bilaterales donde ha podido compartir, entre otras cuestiones, el llamamiento del Govern para limitar el uso de programarios de ciberespionaje como Pegasus".

Acusaciones por Pegasus

La consellera, según dicha nota, manifestó que el Gobierno "no sólo ha cometido este abuso, sino que después ha puesto trabas en la investigación para avanzar hacia un contexto con regulación y protección a las víctimas".

"Nos hemos posicionado, de la misma manera que lo ha hecho el Gobierno de los EEUU, a sacar adelante acuerdos que supongan una moratoria en el uso de este tipo de programarios", indicó Serret, que durante su viaje institucional compartió opiniones sobre la necesidad de regular estos programarios con la embajadora permanente de Costa Rica en las Naciones Unidas, Maritza Chan.

"Conflicto político" con España

Serret, condenada por desobediencia por la organización del referéndum ilegal secesionista del 1-O, y pendiente de un recurso sobre su inhabilitación, aprovechó su presencia en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York -donde participó en un acto en el marco del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible (HLPF) que organiza la ONU- para denunciar los supuestos "obstáculos" que el Gobierno español pone a la Acción Exterior del Govern secesionista catalán.

La mandataria secesionista criticó lo que llama "miedo" del Gobierno español a la Acción Exterior de la Generalitat, que según ella busca "hacer frente a grandes retos globales". Un temor que, en su opinión, también existe cuando se dedica a explicar "a escala internacional un conflicto político reconocido internacionalmente y por el propio Estado español a través de la mesa de negociación", según sus palabras.

"Hemos hablado del 'Catalangate'"

Durante su viaje institucional a Nueva York, que terminará este viernes, Serret también ha dado a conocer la posición favorable del Govern a llegar a acuerdos que supongan una moratoria en el uso de programas de ciberespionaje.

"Hemos aprovechado para hablar del caso del Catalangate, que es un grave atentado contra derechos fundamentales", alertó la consellera, haciéndose eco de este modo del polémico informe del mismo nombre elaborado por el laboratorio CitizenLab de la Universidad de Toronto, que denuncia un supuesto espionaje a 65 dirigentes secesionistas, y que ha sido cuestionado por más de centenar de académicos por su opacidad, su falta de rigor y de neutralidad.

Según Serret, la Generalitat pretende limitar el manejo de sistemas como Pegasus y crear "un marco regulador internacional que dé garantías y preserve los derechos y libertades fundamentales".

108 millones, el coste de la consejería en 2023

En este sentido, cabe recordar que los Presupuestos de la Generalitat de 2023 destinan un total de 108 millones de euros a su Consejería de Acción Exterior. Un departamento que los dirigentes del Govern de ERC consideran "la joya de la corona", según reconoció la propia Serret a principios de año, y que en determinados ámbitos ha evidenciado una notable carga ideológica, pues de ella penden la veintena de delegaciones políticas de la Generalitat en el extranjero.

Los 108 millones de euros que le cuestan a los contribuyentes catalanes este año son diez millones más (+11%) que los 98 millones que se le otorgaron en los Presupuestos de hace un año. Un gasto que ha ido creciendo de forma exponencial durante el procés, pues en 2020 recibió 78 millones y en 2017, 65 millones. Seis años después, ahora cuesta casi el doble.