La Generalitat de Cataluña y Plataforma per la Llengua, una de sus entidades subvencionadas afines, intentan aprovechar la presidencia semestral de España en el Consejo de la Unión Europea (UE), ahora encabezado por el socialista Pedro Sánchez, para llevar a cabo las reformas necesarias con tal de que el catalán sea incluido como lengua oficial de la UE.

Apenas un día después de haberse quejado de que el Gobierno español no "tenga en consideración" a la Generalitat para la presidencia de la UE (sic), la consellera de Acción Exterior del Ejecutivo secesionista, Meritxell Serret, exige ahora esa oficialidad del catalán en el órgano comunitario, acusando al PSC y al PSOE de que "no son fiables a la hora de cumplir con este compromiso".

"El catalán por delante"

Serret, condenada por desobediencia por su labor en el Govern en el procés secesionista catalán de 2017, y pendiente de ser inhabilitada por un año al haber recurrido su sentencia, ha atendido este sábado a la prensa en Vilassar de Mar (Barcelona), donde ha hecho campaña para su partido, ERC.



"Reivindicamos desde Cataluña estas instituciones fuertes, este Govern fuerte, es frente democrático soberanista, que el 23 de julio defienda también lo que son las instituciones, los grandes consensos del país con el catalán por delante", ha manifestado.

Lo consideran una "prioridad"

En la misma línea que los mandatarios de la Generalitat, Plataforma per la Llengua también exige aprovechar "la oportunidad que tiene ahora España para situar temas en la agenda y negociar prioridades" (sic), destacando entre ellas la oficialidad del catalán.

La entidad secesionista insta España a solicitar "la reforma del Reglamento número 1 de 1958 del Consejo, para incluir el catalán como lengua oficial de la UE", y asegura que este reglamento se ha modificado hasta siete veces para añadir nuevas lenguas.

Los 'espías' del catalán acusan al Gobierno de mentir

Plataforma per la Llengua ha denunciado este sábado en un comunicado que España "nunca" ha hecho esa petición y dice que así lo habría afirmado el Consejo de la UE en respuesta a una pregunta formal del eurodiputado irlandés Chris MacManus. En su opinión, esto "desmiente" que el Gobierno haya solicitado que el catalán sea una lengua oficial en la UE.



Esta entidad -célebre, entre otras cuestiones, por haber espiado la lengua que hablan los niños en los patios de las escuelas de Cataluña- añade que, a finales de 2021, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, declaró que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ya había solicitado en 2004 la oficialidad del catalán y se lo habían denegado porque "era una reforma que requería la modificación de los Tratados".



Según la versión de Plataforma per la Llengua, dicho eurodiputado irlandés presentó una pregunta sobre esta cuestión y el Consejo ha respondido que para que una lengua sea oficial en la UE "basta que lo decidan por unanimidad los Estados miembros que lo conforman -a través del Reglamento que establece cuáles son las lenguas oficiales- y no hace falta reformar el Tratado europeo".

Subvenciones 'millonarias' y delaciones lingüísticas

Plataforma per la Llengua ha vuelto a ser este año una de las entidades ultranacionalistas más beneficiadas por el aumento del gasto identitario en los Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2023. La autodenominada “ONG del catalán”, conocida sobre todo por sus campañas de delación lingüística y de acoso a la lengua castellana, se embolsará este 2023 más de medio millón de euros --516.000, para ser exactos-- gracias a las cuentas pactadas por el Govern de ERC con el apoyo del PSC y de En Comú Podem.

El Ejecutivo secesionista catalán ha sido a lo largo de la última década una de las principales fuentes de ingresos de Plataforma per la Llengua -en el último lustro, le ha aportado unos tres millones de euros-, y su protagonismo e influencia han ido en aumento a lo largo de los últimos años en paralelo al auge del procés. Así, por ejemplo, en 2020 y en la fase más dura de la pandemia de coronavirus, fue noticia por haber obtenido su récord de subvenciones públicas: en total, ese año se embolsó 955.306,68 euros por esa vía, la mayor parte de ellas, procedentes de su convenio con la Generalitat (760.000 euros), con la cual siempre se alinea en su imposición del monolingüismo obligatorio en catalán en el sistema educativo, por ejemplo.

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