La causa de Antifraude contra Janet Sanz encalla

¿Dónde está la causa de Antifraude contra Janet Sanz? La oficina anticorrupción lleva casi tres años sin fallar sobre si hubo corrupción en un contrato de 1,2 millones adjudicado sin concurrencia por el área de Urbanismo, que dirige la teniente de alcalde de Urbanismo y número dos de la alcaldesa Ada Colau (BComú), ambas aspirantes a ser reelegidas como primera edil y concejal, respectivamente. 

La Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) abrió investigación contra el área de Sanz tras una demoledora denuncia sindical por un presunto amaño en un contrato sobre cortes de calles, que anticiparon al llamado urbanismo táctico y a las superislas durante la pandemia del coronavirus. El encargo tenía un pressupuesto de 1,2 millones y terminó adjudicado por la vía de emergencia a Brothers Control SL, una firma sin experiencia y muy conflictiva. 

"Un presupuesto falso"

La licitación fue polémica por dos motivos. Uno, porque se utilizaba un procedimiento de emergencia para un encargo que no estaba vinculado directamente a la pandemia. De hecho, el Tribunal de Cuentas ya cuestionó el uso de los procedimientos de contratación sin competencia para pagar las obras del llamado urbanismo táctico que aprobó el gobierno de Colau en 2020. 

Y dos, porque otra empresa admitió que se la había llamado para que aportara un presupuesto "falso" seis días después de que un sindicato de seguridad llamara a Urbanismo pidiendo explicaciones. ¿Qué empresa? CL Servicios, a la que, supuestamente, se abría sondeado para que enviara un falso presupuesto para justificar el encargo a dedo a Brothers. Si fuera así, esa actuación municipal pasaría de ser polémica a indiciariamente delictiva. 

Denuncia a Antifraude

De hecho, la plataforma ADN Sindical, el primer sindicato corporativo de la segurida privada, denunció los hechos a Antifraude. La oficina de Miquel Àngel Gimeno lo admitió a trámite y le vio verosimilitud, por lo que comenzó a investigar. Pero tres años después el próximo mes, nada se sabe de la causa contra Janet Sanz y su equipo. 

Desde el sector se ve "escandaloso" que el fiscalizador de la corrupción en Cataluña "tarde tres años en evaluar si un simple contrato público estaba correctamente tramitado o no". Las mismas fuentes tienen una respuesta a la demora: se está aguantando porque es una denuncia que puede tener "carga política" y podría interceder en las elecciones municipales del próximo 28 de mayo. A esos comicios, Sanz concurre de número tres de BComú, tras la propia alcaldesa Colau y Jordi Martí.  

Antifraude: "Sigue su curso"

Una portavoz de la Oficina Antifraude de Cataluña ha defendido que la investigación "sigue su curso". La misma fuente oficial ha señalado que los primeros seis meses de investigación, el periodo que deben durar unas pesquisas según la web de Antifraude, han servido para hacer los requerimientos a los implicados. Tras ello, el director del ente tendrá que concluir las pesquisas con una resolución motivada. 

Las conclusiones de Antifraude podrían ser cuatro: archivo de la causa, emisión de recomendaciones a la entidad afectada --en este caso podría ser Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona--, comunicación a la Fiscalía y un informe que anule las resoluciones administrativas tomadas. 

Investigada por el 'caso Buenos Aires'

Ese es el escenario en el campo administrativo. En el judicial, cabe recordar que Janet Sanz figura como investigada por prevaricación, omisión de la obligación de perseguir delitos y obstrucción a la justicia en un procedimiento judicial que investiga presunta mala praxis con la Casa Buenos Aires de Collserola. La justicia examina si el gobierno municipal torpedeó la compra y conversión del antiguo hotel en un nuevo alojamiento de lujo. 

El activo fue okupado y, finalmente, el ayuntamiento lo compró para hacer viviendas dotacionales y un espacio para jóvenes. Mientras, el inversor denunció todo tipo de trabs y actuaciones arbitrarias para frustrar el proyecto de establecimiento de alto nivel. Durante su okupación y como explicó este medio, la Guardia Urbana tuvo que acudir en ocho ocasiones por las juergas que montaban los intrusos.